El Ministerio Fiscal se ha opuesto a la solicitud de los dueños de Marina Rubicón, que el pasado 4 de abril pidieron personarse en el caso Yate y anunciaron un recurso contra la sentencia, que entre otras cosas declaró ilegal este puerto deportivo.. En su respuesta a esta petición, el fiscal Javier Ródenas cuestiona que la empresa está intentando "frustrar" esa ejecución del fallo, que ya es firme y está en fase de ejecución, pretendiendo ahora "erigirse en el tercero de buena fe afectado por una decisión judicial en la que no se le ha dado la oportunidad de defenderse".
Al respecto, la Fiscalía subraya que los dueños de Marina Rubicón no solo conocían este procedimiento iniciado hace más de 12 años sino que llegaron a estar imputados en la causa. Por eso, considera que alegar ahora una supuesta "indefensión" es "construir de manera artificiosa un mecanismo retórico que permita equiparar al tercero de buena fe con el investigado en un procedimiento penal".
Además, agrega que el hecho de que finalmente se archivaran las actuaciones por delitos de cohecho contra quien solicitó la licencia, Rafael Lasso, y contra sus dos socios, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas, "no atribuye la cualidad procesal de tercero de buena fe". "Es claro que ha tenido un conocimiento e incluso ha sido protagonista del proceso penal", insiste el escrito, que entre otras cosas recuerda que Lasso llegó a declarar como investigado.
La sentencia ya ha sido notificada al Ayuntamiento
Por todo ello, la Fiscalía concluye que no han sido "conculcados sus derechos" y que la propiedad de Marina Rubicón tuvo "oportunidad de defenderse" en su momento, y pide que se rechace su petición de entrar ahora en una causa que ya está cerrada y con sentencia firme. De hecho, la Audiencia Provincial ya ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los condenados y también ha dado traslado del fallo al Ayuntamiento de Yaiza, para que tenga conocimiento de las licencias que han sido anuladas con esta sentencia, entre las que se encuentra la del puerto, para "los efectos" que procedan.
En su escrito, la Fiscalía recuerda también los hechos que se declararon probados en la sentencia de Yate en relación a Marina Rubicón, en la que entre otros fueron condenados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, por delitos de prevaricación en la concesión de éste y otros permisos. Además, ambos acusados reconocieron los hechos y aceptaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, tras confesar que otorgaron este permiso siendo conscientes de su ilegalidad. En el caso de Reyes, admitió incluso haber recibido un soborno de los dueños del puerto, que le dejaron un atraque gratuito durante años para la embarcación el Pachi, a cambio de otorgarles tanto esta licencia como las de los hoteles ilegales que estos mismos empresarios tienen en Playa Blanca.
Del mismo modo, la Fiscalía recuerda que Reyes otorgó esa licencia solo unos días después de que se solicitara y cuando las obras llevaban ya más de dos años y medio ejecutándose sin tener ningún tipo de permiso. Y todo ello pese a que Marina Rubicón no tenía cobertura legal en el planeamiento. Ni estaba previsto ahí un puerto en el Plan General de Yaiza, ni lo contemplaba el Plan Insular, ni se hizo un Plan Especial para dar cobertura a una infraestructura que tendría que catalogarse como un sistema general. Además, según confirmó la Apmun durante la instrucción de esta causa, el puerto también incumplía la ley de Costas, porque la parcela se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre.
La licencia del puerto, "manifiestamente ilegal"
"La persona que inició el procedimiento administrativo de otorgamiento de la licencia urbanística ha sido parte y tuvo la ocasión de manifestar cuanto estimó oportuno a su pretensión", señala el fiscal en referencia a Rafael Lasso. "No se trata de un beneficiario ajeno al procedimiento penal que nada conocía del procedimiento de la obtención de la licencia urbanística anulada", añade, reiterando que Lasso ya declaró dentro de esa causa mucho antes de que se cerrara la instrucción y de que llegara a juicio.
Además, el Ministerio Fiscal defiende que la "consecuencia necesaria de las conductas delictivas que se recogen en el fallo" de Yate implican como "consecuencia necesaria" la anulación de las licencias que el propio Reyes reconoció haber otorgado a cambio de sobornos. "Es un acto viciado de nulidad radical por ser origen de un acto delictivo, como es la prevaricación urbanística reconocida por el alcalde de Yaiza, el condenado Jose Francisco Reyes Rodríguez", señala, añadiendo que en este caso "no cabe duda que es un acto administrativo manifiestamente ilegal por haberse apartado groseramente de la legalidad administrativa y que debe consecuentemente declararlo nulo el Tribunal".
