El empresario Juan Francisco Rosa se enfrenta a otra causa penal que no había trascendido hasta ahora, en la que la Fiscalía Provincial de Las Palmas le pide 5 años de cárcel y 7 millones de euros de multa por un delito contra la Hacienda Pública. En el procedimiento, cuya instrucción ya está cerrada, están acusados junto a Rosa el empresario Rafael Lasso y otro de sus socios, José Cecilio Salces, para los que el Ministerio Fiscal pide la misma pena, es decir, otros 5 años de prisión y multa de 7 millones de euros para cada uno.
Además, la Fiscalía reclama que los tres indemnicen de manera solidaria a la Agencia Tributaria con más de 1,5 millones de euros, que es la cantidad que presuntamente defraudaron a Hacienda. Junto a ellos también está acusada como persona jurídica la sociedad Management Los Clicos S.L., a través de la que se cometió el presunto delito. Para la empresa, se solicitan 3 millones de euros de multa, además de la obligación de responder solidariamente de la indemnización de 1.543.324 euros, más los intereses correspondientes, a la Agencia Tributaria.
El escrito de acusación pide también que Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces cumplan una pena adicional, perdiendo la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un tiempo de 6 años. Y la misma pena accesoria reclama también para la sociedad Management Los Clicos.
"Claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública"
Los hechos que llevarán al banquillo a estos tres empresarios ocurrieron en el año 2010, cuando a través de esa empresa vendieron el hotel La Geria, ubicado en Puerto del Carmen, "por un precio total de 13.871.000 euros". En ese momento, "con claro ánimo de defraudar" a la Hacienda Pública, "omitieron deliberadamente realizar la correspondiente declaración relativa al Impuesto de Sociedades del ejercicio del año 2010", según señala el escrito de acusación firmado por el fiscal de delitos económicos Tomás Fernández de Páiz.
Dos años después, "una vez notificados de los acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas", realizaron "una declaración complementaria" del ejercicio 2010, donde "reconocieron la venta y el consecuente beneficio", cifrándolo en 6.755.663 euros. Sin embargo, "a sabiendas de su improcedencia", dotaron con cargo a ese beneficio una importante partida para la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) por importe de 5.140.000 euros, para evitar el pago de los correspondientes impuestos.
Al respecto, el escrito de acusación señala que esto contravenía la normativa doblemente. Por un lado, porque "no se había acordado en plazo en Junta General de la entidad esa dotación". Por otro, y principal, porque ese beneficio económico "no procedía de actividad económica alguna", como exige la ley que regula la RIC, por lo que no podía acogerse a esos beneficios fiscales. De esta forma, según la Fiscalía, evadieron el pago de más de 1,5 millones de euros, que es la cantidad que ahora reclama que sean abonados a la Agencia Tributaria, junto con las penas de cárcel y multa.
Cuarto juicio pendiente para Rosa
En su escrito, el fiscal considera que los tres empresarios son "coautores" del delito contra la Hacienda Pública. En el caso de Rafael Lasso y José Cecilio Salces, como administradores solidarios de la empresa, "a través de sus respectivas entidades Canarias Rent & Investment, S.L., y Ostwind, S.A". En el de Juan Francisco Rosa, "como socio y administrador de hecho de la mercantil" Management Los Clicos S.L., que ha estado vinculada a su vez a varias empresas de Rosa, como BTL Lanzarote, que es la titular de la bodega Stratvs.
Para Juan Francisco Rosa éste es su cuarto juicio pendiente, incluyendo las dos piezas del caso Stratvs y su acusación en el caso Unión. La primera vez que se sentará en el banquillo será el próximo 19 de junio, cuando arrancará el primer juicio de Stratvs, que es el que se celebrará ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mientras, sigue pendiente de fijarse la fecha del juicio por la otra pieza de Stratvs, que sigue en manos de la Audiencia Provincial, después de que se separara la causa por el aforamiento de Gladys Acuña. Y también debe aún fijarse fecha para el juicio de la pieza de Unión en la que está acusado, en la que la Fiscalía le pide 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 15.000 euros por un delito de falsedad continuada de documento público.
En cuanto a Stratvs, en su escrito inicial de acusación la Fiscalía pedía en total 15 años de prisión para Juan Francisco Rosa, mientras que la acusación popular reclama 21 años de cárcel, en ambos casos por delitos de falsedad en documento oficial, de usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Un empresario sin bienes a su nombre
En el caso Stratvs, Rosa también se enfrenta a una petición de multa de 267.000 euros y 267.000 en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a los dueños de los terrenos que presuntamente usurpó para construir la bodega, además de otra multa de 108.000 euros para su empresa, BTL Lanzarote. Al decretarse la apertura de juicio oral, la juez ordenó que el empresario depositara una fianza para cubrir esas sumas, cosa que no hizo. Y al no encontrar propiedades a su nombre para realizar embargos, la juez decretó entonces el levantamiento del velo sobre sus sociedades, lo que permitió embargar, entre otras cosas, un piso en la conocida como Milla de Oro de Madrid.
En cuanto a Rafael Lasso, ha estado imputado en otras causas junto a Rosa, incluyendo el caso Yate, aunque se archivaron los cargos contra él. Ahora, se sentará en el banquillo junto a su socio, con el que comparte entre otras cosas la propiedad del puerto deportivo Marina Rubicón, y junto a José Cecilio Salces. En el caso de este último, el escrito de acusación señala que ya tiene antecedentes penales, pero por un delito contra la seguridad vial, por el que fue condenado en el año 2015 por un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el juicio, el fiscal pide en su escrito que declaren dos peritos de la Agencia Tributaria, así como que se incorpore la documentación y los informes aportados por la Delegación de Hacienda cuando se interpuso esta querella. Además, pide también que se adopten medidas cautelares antes de la vista, ordenando que los tres acusados depositen fianzas para cubrir las sumas a las que podrían ser condenados, o que en caso de que no lo hagan se practiquen embargos sobre sus cuentas y propiedades.
