"Fue una exhibición de la impunidad. La fiesta de la depredación". Así ha definido la abogada de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística y por la Asociación de Amigos de la Pardela Cenicienta, lo ocurrido en Alegranza el 8 de septiembre de 2015, cuando la Guardia Civil identificó a 19 personas que presuntamente estaban participando en una comida con un guiso de pardelas, y que este miércoles se han sentado en el banquillo de los acusados por estos hechos.
"El atractivo de comer pardelas era que está prohibido porque es un ave protegida. Y el atractivo de hacerlo en Alegranza es que es un espacio protegido. Es el atractivo de la infracción", ha añadido la letrada, insistiendo en la "impunidad" que considera que sentían los acusados. De hecho, todos los agentes que han declarado durante el juicio han confirmado que las cacerías de parcelas en Alegranza se venían produciendo desde hace años, aunque la operación no se llevó a cabo hasta ese día. "Llevaba con la operación desde 2012. Me informaban y me decían si podíamos hacer algo y esta vez pudimos", ha declarado uno de los agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil.
"Yo detrás de esto llevaba tres años, sabiendo que estas cosas ocurrían siempre en estas fechas", ha afirmado por su parte otro agente, que fue el que se encargó de conducir la zódiac. "Llevábamos varios años detrás de ello, lo organizamos y salió todo conforme a lo previsto", ha declarado. Además, a preguntas de los abogados de los acusados, ha dejado claro que no fue un operativo dirigido hacia "personas concretas". "Yo no iba a por nadie por nombre ni por apellido. Yo iba a hacer un servicio por algo que sabía que ocurría todos los años", ha añadido.
Las informaciones sobre "cacerías de pardelas" apuntaban a altos cargos
Por su parte, la sargento del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, ha explicado que poco después de incorporarse a este destino, concretamente desde marzo de 2015, le empezaron a "bombardear" con esa información, tanto desde asociaciones ecologistas como con denuncias de ciudadanos, que "demandaban que se interviniera". Así, fijaron la actuación para septiembre de ese año, porque es la época en la que han nacido las crías de pardela.
En el caso de la sargento, también ha afirmado que desconocía a qué personas iban a encontrar, pero sí le habían "llegado informaciones" sobre los cargos y puestos que ocupaban, debido a la relevancia de alguno de ellos. Según su declaración, entre los nombres que le habían dado de personas que supuestamente participaban habitualmente en estas cacerías de pardelas había "dos guardias civiles, un policía nacional retirado, varios traficantes de drogas, un alcalde, un expresidente del Gobierno de Canarias y algunos empresarios", aunque no todos se confirmaron en el operativo.
En total, las identificadas fueron 19 personas, que son las que este miércoles se han sentado en el banquillo: Fernando González Berriel, Juan Carlos González Berriel, Juan Hernández Martín, Antonio Quintana López, Andrés González Curbelo, Victoriano Santana Cabrera, Juan Cuevas Alonso, Jaime Isaac Rodríguez Rodríguez, Orlando José Rivera Cabrera, Ibrahim Josué Cabrera Delgado e Adal González Cabrera, Agustiniano Hernández de León, Sotero Martín Villalba, Juan Miguel Medina Rodríguez, Cristóbal Miguel Morales, Juan José Rivera, Isidro Manuel Brito, Gabriel Eugenio Hernández y Juan Carlos Eugenio Hernández.
"Esto es solo para un titular"
"Dice que llevaban muchos años detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Porque son personas conocidas de la isla?", ha cuestionado por su parte uno de los abogados de la defensa. "Esto es solo para un titular. Están sufriendo pena de banquillo. Los supuestos pardeleros de la isla de Lanzarote", ha cuestionado otra de las letradas, en referencia a que muchos de los acusados son personas conocidas y al "juicio" que considera que se ha hecho ya en la opinión pública.
Además, todas las defensas han sostenido en sus conclusiones que "no hay ni una sola prueba que acredite" que sus clientes "cazaron, cocinaron o comieron" pardelas en Alegranza. En cuanto al análisis del guiso que se encontró en una olla, y que confirma que era de pardela, al final del juicio han pedido que se anule esta prueba, alegando que se rompió la cadena de custodia.
Precisamente sobre esa "cadena de custodia" han comenzado a realizar preguntas a varios testigos y la juez les ha ido interrumpiendo pidiendo que no siguieran por ahí, dado que la prueba no había sido impugnada durante la instrucción y tampoco lo ha sido al plantear las cuestiones previas al inicio del juicio. Sin embargo, finalmente todas las defensas han planteado esa impugnación al final de la vista -lo que según la fiscal es "extemporáneo" y no permite tenerlo siquiera en cuenta-, y se han basado para ello en la declaración del veterinario que tuvo bajo su custodia esa prueba.
"Nos ha cogido por sorpresa"
Este veterinario, que ha declarado como perito, ha señalado durante el juicio que no es funcionario, aunque colabora con el área de Medio Ambiente en recuperación de fauna accidentada. Por eso, tras introducirla en una bolsa, conducirla a Lanzarote y mantenerla un tiempo en dependencias de la Guardia Civil, el Seprona dejó la prueba bajo su custodia, para que la guardara en el congelador que tiene en su clínica veterinaria, según ha explicado la sargento. Después, la llevaron a los Juzgados, donde se retiró el precinto que tenía la bolsa para que fuera realizado el análisis por parte de un especialista.
"Nos ha cogido por sorpresa", ha asegurado uno de los abogados, defendiendo que hasta ese momento no sabían dónde trabajaba el veterinario que estaba citado como perito en la causa. Y así ha defendido el hecho de presentar esta impugnación al final del juicio, negando que sea "extemporánea" como sostienen tanto la Fiscalía como la acusación popular. No obstante, durante los interrogatorios, las defensas también habían cuestionado otros aspectos relativos a esa cadena de custodia que sí constaban en el sumario, incluyendo el hecho de que se utilizara una bolsa "no reglamentaria" para llevarse la prueba del guiso. "Un pollo es un pollo y por mucho que se meta en una bolsa de basura, que en este caso estaba limpia, no hay ningún problema", ha respondido uno de los agentes.
Además, las defensas también han reiterado preguntas sobre por qué los agentes no iban uniformados. "Íbamos de paisano para garantizar el éxito de la operación", ha respondido Gloria Moreno, que ha precisado que por el mismo motivo iban en una zodiac sin distintivo de la Guardia Civil.
"Existe prueba directa"
Por su parte, tanto la fiscal como la abogada de la acusación han defendido esa cadena de custodia, subrayando que la bolsa mantenía el precinto cuando llegó al Juzgado, e insistiendo en que en cualquier caso no puede admitirse una impugnación al final del juicio, máxime cuando los letrados conocían quiénes eran los testigos y peritos que habían sido citados en el procedimiento y todos los datos que constaban en el atestado de la Guardia Civil.
"Los hechos están suficientemente acreditados y existe prueba directa", ha defendido la fiscal, subrayando que "la declaración de los agentes, de los tres, ha sido totalmente contundente para romper la presunción de inocencia" y para dictar una sentencia condenatoria por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna, por el que pide multas de 6.000 euros y penas de tres años de inhabilitación para once de los acusados, mientras que la acusación popular se dirige contra las 19 personas que se han sentado en el banquillo y eleva la petición de pena de multa para cada uno a 8.700 euros.
"La declaración exculpatoria de los acusados resulta totalmente insostenible", ha añadido la fiscal, que considera que "no resulta verosímil que 30 personas consiguieran escapar sin que se les identificara", como han sostenido las defensas. Y es que aunque los agentes han declarado que en la playa había una veintena de personas, los acusados han asegurado que había entre 40 y 45 y que el resto "huyeron" o "se escondieron" al llegar los agentes, apuntando así que los responsables de los hechos podrían haber escapado. Al respecto, la sargento ha señalado que llevaban más de media hora vigilando desde un risco antes de intervenir y que solo le constaba que pudieron huir dos personas. Además, tanto ella como los otros dos agentes han insistido en que se trata de una zona de difícil acceso y a la que se llega habitualmente por mar, por lo que no es fácil realizar ese ascenso a pie, y menos para que hubieran escapado más de 20 personas.
"Se oculta algo para no reconocer la verdad"
Tanto la Fiscalía como la abogada de la acusación han hecho hincapié también en el hecho de que los acusados se han negado a responder a sus preguntas y solo han contestado a sus propios abogados. "Se han acogido a su derecho a no declarar y pueden hacerlo, pero eso también debe ser valorado", ha subrayado la letrada de la acusación, señalando que "se oculta algo para no reconocer la verdad".
Además, la fiscal ha incidido en los aspectos que "no han aclarado" en su declaración. "Algunos han dicho que llegaron en zódiac, pero no han explicado quién llevó la zódiac", ha subrayado. Además, en el caso de Fernando González Berriel, ha señalado que en su declaración ha dicho que llevaban comida en el barco y que comían ahí lo que habían llevado y "lo que pescaban", pero eso "choca con la prueba del procedimiento", que muestra que estaban en la playa "en una carpa, en una mesa, con una cocina encendida y con sartenes y otros utensilios de cocina".
En cuanto a dónde pasaron las noches, dado que tampoco se puede acampar en Alegranza y la mayoría ha reconocido que llevaban ahí varios días, todos han dicho también que tenían permiso de fondeo y que dormían en los barcos, y lo mismo han dicho incluso algunos de los que han afirmado haber ido en zódiac y pasado allí varias noches.
