El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas ha desestimado el recurso presentado por el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Juan Manuel Sosa en contra la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias sobre la declaración de nulidad de su situación administrativa como funcionario en servicios especiales.
La sentencia, dictada el pasado 30 de julio, avala la resolución administrativa del Ejecutivo canario y condena al exconsejero al pago de las costas procesales, valoradas en 400 euros. Sosa era miembro de San Borondón, un partido que concurrió a las elecciones con Coalición Canaria en 2019 y fue considerado "transfuga" por la formación nacionalista después de que facilitara la investidura de Dolores Corujo (PSOE) como presidenta insular en el anterior mandato.
El procedimiento judicial comenzó en abril de 2024, cuando el Gobierno canario, ya dirigido por CC y el PP, declaró nula la resolución de la Dirección General de Función Pública de 27 de abril de 2020, dirigido entonces por el Pacto de las Flores, y que había permitido a Sosa mantener su salario como funcionario del Servicio Canario de Salud pese a ocupar un cargo político en el Cabildo de Lanzarote.
Según la sentencia, Sosa ya no reunía uno de los requisitos esenciales previstos por la normativa para acogerse a dicho beneficio, ya que perdió la condición de portavoz de Coalición Canaria y pasó a formar parte dle Gobierno de Corujo en diciembre de 2019, sin comunicarlo a la administración.
La resolución judicial considera ajustado a derecho el procedimiento de revisión de oficio tramitado por la Consejería. Además, ratifica la nulidad de una resolución, que en 2022 había intentado rectificar la resolución anterior.
El demandante alegaba indefensión y que su situación se ajustaba a la legalidad conforme a la Ley de Cabildos Insulares. No obstante, el tribunal concluye que sus derechos no se han visto vulnerados.
Asimismo, la sentencia señala que el error no fue imputable exclusivamente a la administración, porque el propio Sosa habría omitido informar sobre su cese como portavoz. El fallo aún podrá ser recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Reacción de Coalición Canaria
La formación política Coalición Canaria, partido al que pertenecía Sosa, ha celebrado esta decisión judicial. “No, señores Pérez y Trujillo, y no, señora Dolores Corujo. No tenía todo el derecho a cobrar, no tenía ninguno, y es por eso que primero el Gobierno, y ahora la Justicia, le exigen devolverlo todo, 300.000 euros cobrados ilegalmente”, subraya el secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés.
En otras palabras, como destaca el líder nacionalista, “queda demostrado que quien actuó con mala fe y engañó a la administración fue el tránsfuga Juan Manuel Sosa, y que el gobierno de Ángel Víctor Torres, en connivencia con Dolores Corujo, diseñaron un traje jurídico a medida fraudulento para mantenerse en minoría en la Presidencia con el apoyo de un tránsfuga pagado con fondos públicos”, ha continuado.
San Ginés ha añadido que “los tribunales confirman lo que Coalición Canaria denunció durante años: que se pagó un sueldo de médico a quien no ejercía ni tenía derecho, que se engañó deliberadamente a la administración y a la ciudadanía, y que tanto Dolores Corujo como los consejeros Julio Pérez y Blas Trujillo negaron reiteradamente las irregularidades, mintiendo en sede parlamentaria de manera consciente porque lo que ahora dictaminan los tribunales era de sobra conocido por todos ellos”.
