Fiscalía pide 14 años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Puerto del Carmen, que será juzgado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en Arrecife el próximo martes 17 de noviembre.
Según reza en el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar el 1 de diciembre de 2017, cuando el acusado y la víctima se encontraban en un establecimiento de ocio situado en el Centro Comercial Atlántico. El Ministerio Fiscal sostiene que E.H.B., de nacionalidad marroquí, siguió a la mujer "cuando ésta se dirigía a los baños" y que, en el momento en que ésta se disponía a cerrar la cabina donde estaba el váter, "aprovechó para introducirse en la cabina del baño, cerrando la puerta con pestillo y abalanzándose violentamente sobre ella".
Una vez que cerró la puerta, según Fiscalía, el acusado "empujó" a la víctima "contra la pared, quedando inmovilizada, y tras retirarle a la fuerza el pantalón corto y las bragas que llevaba puestas", la penetró.
El Ministerio Fiscal afirma que la mujer se resistió "en todo momento" a la agresión, a la vez que "gritaba y empujaba en el pecho al procesado con el único brazo que ésta tiene". Y es que, según se indica, la víctima presenta "una mutilación" de un brazo por debajo del codo. Finalmente, consiguió "zafarse de él y huir del lugar".
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones en la cara interna del muslo, aunque no precisaron tratamiento médico ni quirúrgico para su curación. Según se indica en el escrito de acusación, el procesado estuvo en prisión provisional por estos hechos desde el 6 de diciembre de 2017 hasta el 5 de abril de 2018.
Expulsión del país cuando acceda al tercer grado
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y, además de pedir para el acusado una pena de 14 años de cárcel, también solicita que indemnice a la víctima con 10.000 euros "por los daños causados", así como que se le imponga la prohibición de acercarse menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 18 años.
Además, en caso de ser condenado, el Ministerio Fiscal pide asimismo que se le imponga la medida de libertad vigilada al acusado por un periodo de 10 años una vez cumpla la pena, consistente en la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y a cualquier parque infantil, además de la obligación de participar en cursos de educación sexual.
No obstante, dado que el acusado es extranjero, paralelamente solicita su expulsión del país cuando cumpla la condena. Al respecto, el Código Penal establece que si un extranjero es condenado a una pena superior a un año, ésta será sustituida por la expulsión del país. Sin embargo, en condenas superiores a cinco años, como podría ser el caso, se establece que el juez puede acordar que se ejecute toda o parte de la pena en España, y llevar después a cabo la expulsión.
En el presente caso, Fiscalía pide que el acusado cumpla la condena en España "en atención a la entidad y gravedad del delito y de la pena", hasta que acceda al tercer grado o se le condeda la libertad condicional, solicitando que en ese momento sea expulsado del país, con la prohibición de regresar a España durante 10 años.
