El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto imponer una nueva sanción al juez Rafael Lis, que actualmente está jubilado pero hasta hace unos meses era el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife. Lis ya tuvo que cumplir una sanción de seis meses de suspensión por una falta muy grave y ahora tiene abierto este segundo expediente, que ya tiene propuesta de sanción por parte del CGPJ, por retrasar diligencias en la causa de los Centros Turísticos.
La queja fue presentada por dos de los investigados en la causa, que denunciaron que el magistrado llevaba tres años sin resolver sus recursos contra la decisión de permitir la personación como acusación de la polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que ha sido apartada de otras causas por existir dudas sobre sus verdaderos intereses. De hecho, en los últimos años ha acabado defendiendo las mismas tesis de acusados como Luis Lleó y Juan Francisco Rosa, pese a que supuestamente pretendía ejercer la acusación contra ellos.
Tras recibir estas quejas, el Consejo General del Poder Judicial dio traslado al promotor de la acción disciplinaria, que concluyó que el magistrado había incurrido en una nueva falta. No obstante, desde este órgano han confirmado a La Voz que en este caso la calificaron de leve y lo que hicieron fue dar traslado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es quien debe actuar ante este tipo de faltas.
A la espera del TSJC
Junto al expediente, el CGPJ elevó también una propuesta de sanción, que fijó en una multa de 500 euros, aunque la decisión última dependerá del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Al respecto, desde el TSJC señalan que todavía no han adoptado una resolución, aunque la propuesta del Consejo está fechada el pasado mes de mayo.
En cuanto a la otra sanción que ya se le impuso a Rafael Lis, implicó una suspensión de seis meses de empleo y sueldo por una falta muy grave, al haber seguido interviniendo en una causa en la que había sido recusado. La recusación prosperó al considerarse acreditado que Lis tenía interés en esa causa debido a sus vínculos con Juan Francisco Rosa, que estaba utilizado ese procedimiento para intentar atacar la instrucción del caso Unión. Concretamente, en esas fechas Rosa había contratado como abogada a la mujer del juez, que aún así siguió practicando diligencias pese a que sabía que no podía hacerlo por haberse presentado ya una recusación contra él.
