El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas ha archivado uno de los pleitos abiertos entre Club Lanzarote y el Consejo Insular de Aguas, dando por bueno el acuerdo alcanzado entre la empresa y el presidente, Pedro San Ginés, que no llegó a ser aprobado por el Consejo ni por el Consorcio del Agua. Ese acuerdo "deja sin efecto y por tanto anula" un decreto que firmó San Ginés en el año 2016, que fue el que dio origen a este pleito contencioso.
Con ese decreto, que fue recurrido por la empresa en los tribunales, San Ginés había revocado la autorización que desde el año 2004 tenía Club Lanzarote para producir agua. Ahora, el presidente reconoce que la empresa tiene ese "derecho", pese a que la supuesta ausencia de autorización fue uno de los motivos que alegó para incautar la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, por la que está imputado en otro procedimiento en la vía penal.
Además de esa causa penal, Club Lanzarote y el Consejo de Aguas están inmersos en varios pleitos contenciosos administrativos – tanto por la incautación como por las medidas adoptadas después por San Ginés, cuando la Justicia le obligó a devolver las plantas-, y uno de ellos es el que se ha archivado ahora. En este procedimiento, ambas partes aceptaron someterse a una mediación, y los términos del acuerdo que alcanzaron son los mismos que se recogen en el convenio que Pedro San Ginés pretendió firmar este verano con la empresa, y que no llegó a ser avalado ni en el Consejo Insular de Aguas ni en el Consorcio del Agua.
Convocatorias y desconvocatorias sin lograr aprobar el convenio
En el caso del primero, ni siquiera llegó a reunirse, ya que San Ginés convocó y después desconvocó una sesión de este órgano. En cuanto al Consorcio, también fue convocado y desconvocado, aunque finalmente sí se terminó celebrando una reunión. Sin embargo, pese a la mayoría que sigue ostentando CC en este órgano, ni siquiera llegó a aprobarse el contenido del convenio ni a autorizarse su firma, sino solo su "remisión" a los Juzgados.
En aquel momento, distintos partidos de la oposición denunciaron que con este acuerdo, el presidente pretendía "influir" o "eludir su responsabilidad penal" en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en la que está imputado por un delito de prevaricación y otro de coacciones tras la querella interpuesta por Club Lanzarote.
Ahora, el auto judicial al que ha tenido acceso La Voz muestra que los mismos términos de ese convenio se elevaron al Juzgado como un "acuerdo al que han llegado las partes". Y entre otras cosas, supone reconocer "el derecho" de Club Lanzarote a producir agua en Montaña Roja. En cuanto a la venta, el acuerdo señala que correrá a cargo del Consorcio del Agua, pero en la práctica seguirá en manos de Club, ya que se le "cederá" la "gestión de la facturación".
El acuerdo establece que "por dicho servicio, Club Lanzarote ingresará la facturación íntegra". A cambio, deberá abonar un canon del 15 por ciento "de lo facturado por el total de servicios", que se liquidará de forma anual. Sin embargo, buena parte del agua que suministra la desaladora estará exenta del pago de ese canon. Y es que el acuerdo también establece que la empresa podrá utilizar la desaladora para el "autoconsumo del hotel Natura Palace, así como cualquier otro consumo propio de Club Lanzarote (oficinas, hoteles, villas…)". Y también se considerará autoconsumo el agua depurada que emplea Club Lanzarote para regar los jardines y la que se destinará al futuro campo de golf previsto en este plan parcial.
El Consejo "renunciará" a todos los expedientes abiertos a la empresa
El acuerdo que San Ginés presentó en los Juzgados también establece que el Consejo "renunciará" a todos los expedientes que abrió a la empresa y que se tramitaron después de llevar a cabo la incautación. Y es que cuando se adoptó esta medida cautelar, el presidente no contaba con ningún informe por escrito que la avalara o propusiera, ni tampoco se habían abierto expedientes previos.
En cuanto a la autorización para producir agua, que es en lo que se centraba este procedimiento contencioso que ha sido archivado, Club Lanzarote contaba con este permiso desde 2004 y pidió una prórroga en el año 2012. En ese momento, el Consejo no dio respuesta a esa solicitud y alegó que había sido denegada por silencio administrativo, pero los tribunales ya han tumbado esa tesis. "Carece de fundamentación jurídica", señalaba la primera sentencia del TSJC que anuló la incautación. Al respecto, recordaba que la normativa establece que la extinción de la concesión debe ser declarada por el Consejo Insular "de forma expresa y en un expediente contradictorio" en el que se dé audiencia a los interesados y, en este caso, subrayaba que "tal expediente contradictorio brilla por su ausencia".
Poco después de que llegara esa sentencia, lo que hizo San Ginés fue firmar un decreto revocando la autorización a Club Lanzarote. Después, le abrió un nuevo expediente y lo trasladó al Gobierno de Canarias para que adoptara medidas contra la empresa por operar sin permiso para producir agua. Ahora, con este acuerdo judicial, el presidente acepta dejar sin efecto su propio decreto y conceder la prórroga de la autorización solicitada por Club hace cuatro años, que "estará vigente hasta la completa recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento de Yaiza".
