La Sección Sexta de la Audiencia Provincial juzgará el próximo 14 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria a los responsables de una inmobiliaria de Lanzarote, acusados de estafar a unos clientes 72.720 euros. Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados una pena de tres años y medio de prisión y una multa de 2.700 euros, así como que devuelva a los afectados el dinero presuntamente apropiado indebidamente.
Según se recoge en el escrito de acusación de Fiscalía, los procesados Michael Boss y Nadja Barlage se dedicaban profesionalmente a la actividad inmobiliaria "actuando el prmero como administrador único de la inmobiliaria island Estate Navigator S.L. y la segunda como socia" de la misma "en un 20%", ejerciendo además "funciones de secretaria".
"Puesto de común acuerdo en la acción y guiados por el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito en su patromonio", el Ministerio Fiscal apunta que los procesados "vendieron el 6 de diciembre de 2017" una vivienda situada en un complejo de Playa Blanca a una pareja por 280.000 euros. Según se pactó, ésta debería ingresar 1.000 euros " a la firma del contrato privado de compraventa" en un número de cuenta de la empresa Island Estate Navigator, "que en esas fechas se encontraba en saldo negativo".
El 20% del precio de la venta, esto es 65.000 euros, debía pagarse "dentro de los catorce días siguientes a la firma del contrato", pero el mismo 6 de diciembre los afectados ya "llevaron a cabo una transferencia por importe de 50.000 euros y otra por importe de 6.000". El resto del precio, según se indica, debía abonarse "en la escritura notarial, que tendría lugar entre el 14 y el 29 de febrero de 2008". La pareja que compró la vivienda encargó además a la agencia inmobiliaria la gestión de la escritura de compraventa y, para ello, realizó cuatro ingresos entre el 18 y el 25 de febrero por un total de 15.700 euros.
Destinaron el dinero recibido "a otras finalidades"
"Las partes acordaron que la escritura pública de compraventa tendría lugar el día 20 de febrero de 2008" pero "pese a lo convenido entre las partes, los acusados, guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio y sin que tuvieran intención alguna desde un principio de cumplir lo pactado", aplicaron el dinero recibido "a otras finalidades, por lo que no pudo formalizarse la venta".
Para adquirir la vivienda, los afectados tuvieron que formalizar un contrato de compraventa el día 7 de mayo de 2008, "esta vez sin participación de los acusados", de los cuales no consta que entregasen "cantidad alguna" a los propietarios de la vivienda "ni devuelto cantidad alguna" a la pareja que la compró.
Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, aunque en ambos casos solicita la misma pena, que es de tres años y medio de cárcel para cada uno de los acusados y una multa de 2.700 euros. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, que solicita que Michael Boss y Nadja Barlage indemnicen a las víctimas en la cantiad de 72.720 euros, correspondientes a la cantidad que entregaron a los acusados.