Las presuntas irregularidades en las cuentas del ex presidente de la urbanización de vecinos de "Los Noruegos", Egil Johnsen, salieron a relucir un año después de que abandonara el cargo, cuando en el 2002 ocupó este puesto el actual teniente alcalde de Arrecife, Antonio Hernández. Éste, que se personaba este martes como testigo, aconsejado por el vocal de la junta directiva de la urbanización, Tomás Sánchez, tuvo conocimiento de unas presuntas "irregularidades" en las cuentas, por lo que la comunidad encargó varias auditorias que aclarasen las supuestas "facturas dobles".
"El resultado de las auditorias determinó que había unas irregularidades mucho más graves que comportaban engaño y presunta falsificación de documentos", asegura el abogado de la acusación particular, Felipe Ronda, que representa a la junta directiva de la comunidad. Por ello, según alega Ronda, "decidimos llevarlo por la vía penal con acuerdo de la Junta General".
Al final, la vista oral se ha suspendido por la ausencia de uno de los testigos: el contable de la comunidad en los años que se investigan, Ramón Callero, al que el Tribunal ha multado con una cantidad de 500 euros. El abogado de la defensa, Carlos Iglesias, cuya ausencia ya obligó a suspender la vista que estaba prevista el pasado mes de marzo, ha considerado que el testigo era esencial para el desarrollo del juicio y ha pedido una sanción para el mismo y un aplazamiento. "Si una prueba es admitida se debe practicar en el juicio oral porque sino le creas una indefensión al acusado, que no se puede valer de los medios de defensa que ya habían sido admitidos previamente", aseguraba Iglesias a las puertas de los Juzgados, quien defendió con rotundidad la inocencia de Johnsen.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular han pedido una condena de cuatro años de prisión, inhabilitación y una multa de 36.000 euros para Johnsen como presunto autor de apropiación indebida que deberá resolverse el próximo 10 de diciembre, fecha en la que ha sido aplazada la vista oral del caso.
Otros procesos
Los vecinos de "Los Noruegos" no es la primera vez que se ven en una situación parecida. En 2004, otro juicio contra el ex presidente de la comunidad de comuneros, Egil Johnsen, les dio la razón. En aquella ocasión, el acusado debió devolver a la comunidad de vecinos una suma de 60.000 euros, aunque el proceso fue diferente ya que la acusación particular tramitó la denuncia por la vía de lo civil. "Eran problemas de justificación porque se trataba de gastos no propios de la urbanización y se pensó que era más oportuno llevarlo por la vía de lo civil porque no había ningún interés por parte de los vecinos de criminalizarlo y llevarlo por la vía penal más que lo estrictamente necesario", explicaba el abogado de la acusación particular sobre el anterior proceso.
