El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, advirtió el pasado miércoles de una tendencia alcista de los hechos delictivos en Canarias durante el año 2006, conforme al aumento del 6,39 por ciento registrado en el número de procedimientos penales incoados (231.000), con 14.000 casos más que en 2005.
Garrido, que compareció en la comisión parlamentaria de Gobernación y Justicia para presentar la memoria anual de 2006 de la Fiscalía del TSJC, indicó que los delitos de lesiones son los que más aumentaron, mientras que los delitos contra el patrimonio siguen siendo los más numerosos.
El fiscal jefe, que se refirió a la dificultad del tratamiento estadístico de los hechos delictivos por las diferencias de criterios a la hora de la recogida de datos, indicó que de los 231.000 procedimientos penales incoados, 127.594 correspondieron a la provincia de Las Palmas y 103.467 a la tinerfeña.
También resaltó el impacto y eficacia de los juicios rápidos, ya que se tramitaron 12.252 diligencias urgentes, de los que 6.470 llegaron al trámite de calificación y la mitad de estos últimos se produjo una sentencia de conformidad en el mismo juzgado de instrucción y en el mismo día.
Desde el punto de vista cualitativo son los delitos de lesiones los que más aumentaron en 2006, con incrementos del 10,88 por ciento en la provincia de Las Palmas y del 9,18 por ciento en la tinerfeña.
Garrido indicó que el aumento se debe a violencia juvenil, delitos domésticos y maltratos de parejas. Así, precisó que siguen siendo las mujeres las que de forma reiterada se convierten en víctimas en entornos familiares y domésticos e indicó que se registraron aumentos en este tipo de delitos en ambas provincias.
Así en la de Las Palmas se pasó de los 2.297 procedimientos iniciados en 2005 a 2.362 durante el año pasado, mientras que en Tenerife se pasó de 1.981 en 2005 a 2.068 procedimientos en 2006.
No obstante, en 2006 volvieron a ser los delitos contra el patrimonio los más numerosos, con 87.301 procedimientos incoados, una cifra que refleja una estabilidad con respecto al año 2005.
En cuanto a la inmigración, destacó que las llegadas masivas de inmigrantes por vía marítima condicionó la actuación en el año 2006 tanto de las fuerzas de seguridad del estado, como de los servicios de extranjería y de los órganos judiciales.
Al respecto, se refirió a los trámites realizados para plantear una reforma legal y administrativa en ámbito y destacó que la reciente aprobación de la modificación del artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial así como otras normas que hacen a la justicia española poder conocer todos los delitos que tengan que ver con el tráfico de personas.
Más cárceles y Centros de Menores
Garrido también se refirió a la situación "caótica y de auténtica aglomeración" de las prisiones canarias, que consideró requieren de una reflexión y plantear la creación de algún nuevo centro, sobre todo en la provincia de Las Palmas.
Al respecto, apuntó que la capacidad de la prisión del Salto del Negro (Gran Canaria) es de 600 internos, y la población reclusa actual duplica ampliamente esa cifra.
Apuntó que esta situación impide el objetivo de la reinserción social de estas personas y supone una "doble criminalización" de la conducta de estos internos.
También lamentó la situación de los centros de menores con medidas judiciales, y aunque reconoció que se ha producido una mejora en 2006 y el nuevo centro de Valle Tabares (Tenerife) es un modelo, insistió en que "no es suficiente" y reiterió la necesidad de un nuevo centro en Las Palmas.
Al respecto, indicó que está en vías de ejecución el inicio de un centro en Lanzarote y ya están adjudicados los terrenos para otro en Gran Canaria. "Los menores son muchos y estamos muy necesitados de una actuación sobre ellos", indicó.
Aumento de plantilla en 2008
Garrido también apuntó que a partir del 1 de enero de 2008 se producirá un aumento de la actual plantilla de fiscales, que pasará de 97 a 104, con la creación de 2 plazas en Lanzarote, 3 en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y 2 en los juzgados de Arona.
El fiscal jefe reconoció que se trata de una cantidad insuficiente, aunque valoró el crecimiento "notable" de las plantillas realizado en ambas fiscalías en los últimos dos años.
Al respecto, indicó que la plantilla existente a 31 de diciembre de 2006 era de 94 fiscales, 51 pertenecientes a las adscripciones de la provincia de Las Palmas y el resto a la de la provincia tinerfeña.
Reforma del ministerio fiscal
Asimismo, precisó que la reforma estatutaria del ministerio fiscal también lleva aparejada una ampliación de plantilla de 4 plazas, por la creación de la Fiscalía Superior y el desdoblamiento de las dos fiscalías provinciales.
Respecto a esta reforma, destacó que es la más ambiciosa realizada y afectará profundamente en un nuevo despliegue territorial y una apuesta por la especialización para lograr una actuación más eficiente y eficaz.
Así, destacó que la reforma adapta el ministerio fiscal a la realidad del estado de las autonomías y supondrá la existencia de dos fiscalías provinciales diferenciadas sobre las que se situará la fiscalía de la Comunidad Autónoma, nueva denominación que sustituirá a la actual.
Con esta estructura, la figura del fiscal superior de la comunidad autónoma adquiere una nueva dimensión y será nombrado por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado. Además, en este procedimiento podrá participar el Consejo de Justicia Autonómico e incluso el propio candidato podrá comparecer ante la Cámara regional.
También destacó que se presentará anualmente la memoria ante el Parlamento y afirmó que este nuevo diseño no debe ser entendido como una oportunidad para utilizar a la fiscalía como objeto de enfrentamiento entre las fuerzas políticas, sino como una leal colaboración entre las administraciones públicas.
ACN Press
