El apartamento de Puerto del Carmen donde fueron detenidas dos personas por allanamiento de morada ya estaba en realidad ocupado ilegalmente, según ha asegurado a La Voz el administrador del complejo, Mariano Andrés Gallego, que ha querido aclarar la información difundida este martes por la Guardia Civil. Y es que afirma que estas dos personas no pretendían ocupar esta vivienda, sino desalojarla.
Según sostiene, uno de los arrestados tenía un contrato de alquiler con la propietaria, que es británica y no reside en la isla, mientras que el otro es el encargado de mantenimiento de la urbanización. “El supuesto nuevo inquilino le dijo que estaba haciendo la mudanza y le pidió ayuda para sacar un par de trastos. Como está contratado por la comunidad, muchas veces entra en los apartamentos si se lo piden los propietarios y le estaba ayudando”, sostiene.
Respecto al supuesto arrendador de la vivienda, que según la Guardia Civil tiene numerosos antecedentes policiales, el administrador de la finca insiste en que tenía un contrato de alquiler, aunque desconoce si acudió al piso con las llaves o si forzó la puerta. Lo que sí confirma es que la propietaria firmó ese supuesto contrato sabiendo que la casa estaba ocupada.
Según los agentes que intervinieron en esta detención, cuando llegaron a la vivienda comprobaron que la puerta estaba rota y que estos dos hombres estaban sacando muebles del apartamento, “así como cualquier objeto personal que pudiera hacer pensar que se trataba de un inmueble habitado, tales como fotografías familiares o incluso una cuna de bebe perteneciente al hijo de los moradores”.
Respecto a la versión aportada ahora a La Voz por el administrador del complejo, desde la Guardia Civil no han confirmado si se trataba de una vivienda ocupada, pero sí han subrayado que en cualquier caso es un delito tratar de recuperarla por la fuerza, ya que lo que se debe hacer es interponer una denuncia y esperar la resolución judicial.
Al respecto, el administrador de la finca cuestiona que solo en ese complejo ya ha presentado hasta cuatro denuncias en nombre de los propietarios por la ocupación de distintas viviendas, sin que ninguno haya sido desalojado hasta el momento. Y lo mismo afirma que ocurre en otros complejos de la isla que administra su empresa.
“Siempre es el mismo modus operandi. Van buscando apartamentos vacíos de extranjeros que viven en Inglaterra o en Holanda, que no pueden desplazarse aquí para denunciar. Fuerzan ventanas o puertas durante la noche y después colocan ahí normalmente a una mujer con un niño”, afirma, asegurando que incluso llegan a “falsificar” contratos de alquiler con los datos que encuentran de los propietarios en las cartas que reciben en sus buzones. De hecho, apunta incluso a una posible red organizada, ya que en los casos que conoce sostiene que casi todos los pisos están siendo ocupados por personas marroquíes o subsaharianas.
Sin embargo, desde la Guardia Civil niegan este punto y afirman que no tienen constancia de ningún grupo organizado. Lo que sí confirman es un aumento en la ocupación de casas vacías, pero vinculado a la situación económica, al paro y al alto precio de las viviendas, y no a ninguna nacionalidad en concreto.
Respecto a los dos detenidos, el administrador de la finca afirma que el pasado viernes se celebró ya un juicio rápido y ahora están a la espera de sentencia. Al respecto, insiste en defender especialmente al trabajador de mantenimiento, I.B.G., ya que sostiene que se estaba limitando a “ayudar” a un supuesto inquilino. De hecho, explica que él personalmente acudió a declarar cuando le avisaron de que iba a ser arrestado este empleado.
Además, subraya que mientras tanto siguen a la espera de que se celebre el juicio contra la mujer que reside en la vivienda con su bebé, y que afirma que la ocupó ilegalmente. “Estos mismos problemas los hemos tenido en Playa Blanca y hace una semana en Loma Verde, aunque allí por fortuna acababan de llegar y a los dos que intentaban entrar se los encontraron con una pata de cabra y un destornillador”, explica este administrador de fincas, que incide en los problemas que esto supone también para las comunidades de vecinos, ya que en muchos casos las personas que ocupan viviendas “utilizan servicios comunes y zonas comunes y se enganchan del agua y de la luz”, teniendo que correr con los gastos todos los propietarios.
