La sentencia considera un "hecho cierto y no se puede negar" que uno de los cuatro acusados por un delito contra la Salud Pública llegó a Lanzarote procedente de Madrid "con 24 envoltorios de cocaína y su pareja con 16 más, que hacían un total de 385,78 gramos". Diógenes Liriano, de 39 años, fue detenido con droga junto a tres personas más en el mismo aeropuerto. Durante el desarrollo deljuicio oral confesó "haber trasportado la droga". Sin embargo, las pruebas que desencadenaron su detención estaban basadas en unas escuchas telefónicas que han sido anuladas, y el fallo judicial ha absuelto a los cuatro enjuiciados por ese motivo.
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Arrecife inició una investigación policial a un joven de 25 años, Wilson de Jesús, residente en Lanzarote, por su posible vinculación en la adquisición y distribución de cocaína en la Isla. El titular del Juzgado Nº3 de Instrucción de Arrecife autorizó en marzo de 2005, la intervención, grabación y escucha de conversaciones telefónicas a Wilson, por el plazo de 30 días. Pero el plazo se terminó y se produjo un "error" en la solicitud de la prórroga. Las escuchas se siguieron realizando sin autorización judicial, y de ellas se derivaron posteriores intervenciones telefónicas que implicaron a otras personas, y que fueron determinantes para la detención de los acusados.
Ante la falta de auto judicial para seguir realizando esas escuchas, el Juez ha considerado que todas las grabaciones posteriores al 17 de abril son "nulas", y ya que la información por la que la Policía tuvo conocimiento de que Diógenes Liriano aterrizaría con droga en Lanzarote el 20 de mayo, se obtuvo por conversaciones posteriores a ese 17 de abril, según la sentencia, el resto de las pruebas también "están contaminadas por la nulidad". "(?) tratándose de una resolución judicial enormemente trascendente puesto que sirve para limitar un derecho fundamental, se trataría de un error insalvable", recoge el escrito con respecto a la falta de autorización para ampliar el tiempo de intervención del teléfono.
Del mismo modo, considera que la confesión que hizo Wilson en el juicio reconociendo haber transportado droga "está contaminada por la nulidad", ya que "de haber sabido que no existía prueba lícita que amparase la incautación de la droga, su declaración hubiera podido ser otra muy distinta o incluso se podría haber negado a declarar".
Por tanto, los acusados que se sentaron en el banquillo en un juicio por el que el Ministerio Fiscal pedía penas de seis años de prisión y una multa de 100.000 euros, han quedado absueltos de la causa.
