El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arrecife ha acordado suspender el desahucio de una mujer que vive con sus tres hijas menores de edad y que fue víctima de violencia de género de una vivienda propiedad del Banco Popular que ocupó en la calle Nicaragua de Arrecife y que estaba previsto que se llevase a cabo el próximo 17 de mayo. Según ha relatado la afectada a La Voz, la inmobiliaria que instó al desahucio, que es propiedad de la entidad bancaria, presentó un escrito solicitando su paralización "para intentar llegar a un acuerdo".
No obstante, pese a que en la resolución dictada por el Juzgado el pasado 27 de marzo se indica que "se ha solicitado la suspensión del procedimiento alegando que las partes se encuentran en periodo de negociaciones para alcanzar una solución amistosa", Virgina María Rodríguez afirma que, por ahora, la inmobiliaria no se ha puesto en contacto con ella.
"No he sabido más nada, si me van a alquilar o no, no hemos tenido reuniones, ni una llamada de teléfono ni nada", ha señalado esta madre de tres niñas de 5, 12 y 14 años, que afirma que lo único que ha sabido de la inmobiliaria, porque su abogada llamó, es que "lo estaban estudiando".
Así, si bien Virgina María Rodríguez confía en que su situación se solucione, no termina de fiarse. "Yo espero que se arregle, pero no sé. La última palabra la tienen ellos y pueden decirme que sí, que negociamos, y dentro de un mes o dos meses me vuelven a denunciar", ha señalado.
Un juicio por un delito de usurpación, del que fue absuelta
Esta mujer, que ocupó esta vivienda en Arrecife tras llegar desde Fuerteventura "huyendo" del "acoso" de su anterior pareja, ya se enfrentó a un juicio por la vía penal después de que el Banco Popular la denunciara por un delito de usurpación. Sin embargo, aunque fue condenada en primera instancia a pagar una multa de 180 euros y a desalojar la casa, recurrió el fallo y fue absuelta por la Audiencia Provincial.
Tras la primera sentencia, ambas partes "iniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo" para "habitar la vivienda de manera legal". Sin embargo, aunque fruto de esas negociaciones Virginia María Rodríguez afirma que llegó a "un acuerdo" con el banco por el que se comprometía a "alquilarle" la vivienda, después se encontró con la "sorpresa" de que la Inmobiliaria Inversiones Limara había instado a su desahucio por la vía civil. Y es que, según la afectada, el Banco Popular, ahora Banco Santander, le "traspasó" la vivienda a esta inmobiliaria que, no obstante, "es propiedad del banco".
Por ello, aunque Virginia María Rodríguez celebra que el Juzgado haya paralizado el desahucio acordando además suspender el todo el proceso judicial "por plazo de 30 días", teme que vuelva a reactivarse.
