La empresa de desocupación Lanzaokupa ha querido defender su actuación en el complejo de apartamentos Teguisol, donde ha intervenido para desalojar unas seis viviendas. Una de las afectadas se dirigió a La Voz para cuestionar las “formas” empleadas por esta empresa, asegurando incluso que tenía previsto presentar una denuncia por coacciones, pero desde Lanzaokupa responden asegurando que fue ella quien “amenazó” y “agredió” a los trabajadores.
Además, en contra de lo que afirma esta mujer, sostienen que no es cierto que tuviera un contrato alquiler con los anteriores propietarios del inmueble, que salió a subasta junto con otros apartamentos del complejo, y que fueron adquiridos por una empresa de la península. “Miente en este extremo. Tenemos la escritura del nuevo dueño que nos contrató, en la que consta que no había contrato de arrendamiento alguno”, ha asegurado a La Voz la abogada de la empresa, Natividad González.
Para la letrada, este punto es clave porque es lo que determina, según sostiene, que su actuación fue “legal”. “Nosotros solo actuamos poniendo ese control de acceso en caso de que sea un ocupa”, afirma la letrada.
Precisamente lo que denunciaba la afectada es que la pasada semana se encontró unos vigilantes de seguridad enviados por esta empresa, que le impedían el acceso a la vivienda. “La ley de seguridad privada sí te permite que el propietario ponga un guardia jurado en la puerta de la vivienda o en los accesos a la vivienda cuando se trata de ocupas”, señala al respecto la abogada de la empresa, que aclara que eso no puede hacerse en los casos de un inquilino que estuviera residiendo legalmente en la casa pero que haya dejado de pagar el alquiler.
No obstante, la empresa también acepta encargos de propietarios que se encuentran en esa situación y que están a la espera de que se resuelva el juicio. “En esos casos podemos actuar para mediar, pero mediante métodos pacíficos, no poner un control de acceso”, señala.
Afirma que presentaron contratos pero que eran "falsos"
Por eso, insiste en que no es cierto que en este caso existiera un contrato de alquiler con los anteriores dueños del inmueble, como sostiene la afectada. Al respecto, la abogada admite que tanto esta mujer como el resto de vecinos desalojados presentaron en su día unos contratos, pero asegura que “son falsos”.
Según afirma, hay un informe de la Udyco, del que no tiene copia, “que dice que fueron a declarar varios okupas” por esa supuesta falsedad de los contratos que aportaron. “Cuando contratan a Lanzaokupa, lo primero que vemos es la escritura de propiedad, y hay un notario que da fe. Me vale una escritura pública que dice que no existe contrato de arrendamiento”, insiste la letrada. Según su versión, en ese momento de la compra ante notario “se menciona que había okupas, pero no título de arrendamiento alguno”.
Además, la abogada afirma que la mujer finalmente ya ha abandonado la vivienda y cuestiona el estado y las malas condiciones en las que sostiene que han encontrado la casa, “en la que ella dice que tenía una hija menor embarazada”.
