El enfrentamiento está servido en la tranquila playa de Papagayo. Parece que hasta la cala más al sur de la isla, no puede llegar a través del agreste carril que lleva a cientos de coches de turistas y lanzaroteños hasta su orilla, más conflicto que el de los propios visitantes bajando entre dubitativos y temerosos ante posibles caídas, por la pendiente que lleva hasta la arena de la playa, cargados con sus pertenencias y dispuestos a pasar un día de sol y baño.
Pero la tensión se respira entre los propietarios de los tres chiringuitos establecidos en la entrada a la playa. Los más indignados son Luciano Borges y Cruz González, un matrimonio que regenta uno de los tres chiringuitos de Papagayo y que se encuentran según cuentan, en una situación crítica.
El martes 16 de mayo, Luciano estaba en la playa de Mujeres con sus dos neveras vendiendo refrescos y helados a los bañistas cuando dos policías municipales se acercaron a él según ha explicado a LA VOZ "me quitaron las neveras como si yo fuera un delincuente, se las llevaron al coche y me dejaron sin nada".
No es la primera vez que la policía local confisca las neveras a Luciano, la lucha viene de atrás.
Este matrimonio empezó a vender a pie de playa refrescos y helados hace más de veinte años en Papagayo, Mujeres, Puerto Muelas, Los Pozos, elCongrio ylas Eras. A finales de los años 80 la zona fue declarada Monumento Natural de los Ajaches. Con esa declaración, vino la prohibición de construir en área natural protegida. Los vendedores ambulantes con el tiempo tuvieron que marcharse y sólo los que pudieron demostrar que vivían en Papagayo desde antes de la declaración de espacio protegido, consiguieron quedarse. Es el caso de Luciano y Cruz y también de los propietarios de los otros dos chiringuitos.
Luciano a mediados de los noventa, concretamente en diciembre de 1995, solicitó al ayuntamiento de Yaiza una licencia para seguir vendiendo en la playa. Consideraba que tenía un derecho adquirido para ello por llevar tantos años recorriendo la zona con sus neveras, así que presentó un escrito al consistorio, que según Luciano, nunca fue contestado por ninguna autoridad municipal. Acudió a la justicia en busca de una solución e interpuso en el año 1998 un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento de Yaiza.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una sentencia estimatoria tres años después, en la que se reconocía el derecho del vendedor a que por parte del ayuntamiento de Yaiza contestaran a su solicitud siguiendo las ordenanzas que el consistorio tenga y estimaban que "el silencio administrativo" de la institución va en contra del derecho. Según el abogado del matrimonio, el parlamentario Alejandro Díaz, "la ley dice, en materia de licencia, que el silencio administrativo es positivo. Al nohaber contestado el ayuntamiento a la solicitud de Luciano, tiene que expedirle la certificación que corresponda y esa certificación es la licencia".
Con su sentencia en la mano, Luciano y Cruz han esperado la respuesta del Ayuntamiento, que nunca llegó y cuando han ido a hablar con el alcalde, les han dado largas. Así que después de varios años sin vender en las playas, durante la pasada Semana Santa Luciano volvió a bajar a la arena para comercial con sus helados y refrescos sin licencia. "Llevaba una semana vendiendo cuando nos quitaron las neveras, pero al día siguiente hablamos con un concejal que llamó al jefe de los municipales y le dijo que nos las devolvieran". Luciano recuperó su herramienta de trabajo y volvió a las playas del sur, hasta que hace 10 días volvieron a quitarle las cámaras frigoríficas que lleva al hombro.
"Ese mismo día nos dijo el alcalde que el miércoles se iba para Tenerife, que fuéramos el viernes, que él hablaría con un concejal y a lo mejor me dejaban vender de manera temporal y sólo en las playas que ellos quieren, en las que no me como un rosco". El viernes pasado volvieron al ayuntamiento tal y como el alcalde José Francisco Reyes les había emplazado, pero se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria, "hoy voy allí y me encuentro que no está el alcalde, están abusando de mí. Esto no hay derecho porque esta es la comida de mi casa, si él la tiene segura yo no la tengo segura".
El matrimonio asegura que no puede vivir de los ingresos que les reporta el chiringuito de Papagayo porque "no sacamos ni 10 euros al día". El local se encuentra deteriorado, sin enlucir las paredes, sin indicaciones, más allá de un modesto cartel, que puedan hacer pensar al turista que se encuentra ante un establecimiento de venta de bebidas y helados y, como los propios dueños reconocen, sin licencia alguna, ni de apertura, ni de venta de productos perecederos, "pero nosotros pagamos impuestos" explica Cruz, que recibe en el chiringuito, lugar en que vive habitualmente ella y Luciano, a sus nietos todos los fines de semana.
La pareja asegura que ha intentado reformar su chiringuito pero que no les ha dejado el ayuntamiento, "siempre nos han puesto pegas, que si tengo el muro más alto de lo debido... siempre pegas, pero los de al lado han hecho todo lo que le ha dado la gana".
Guerra con sus vecinos y con el ayuntamiento
Luciano y Cruz aseguran que los propietarios de los chiringuitos colindantes les hacen la vida imposible y son ellos los que llaman a los policías municipales en cuanto ven que baja a la playa con sus neveras. Luciano va más allá y se atreve a afirmar que los vecinos "hacen llamadas ocultas a la policía diciendo que hay dos marroquíes robando en Papagayo, siendo mentira, para que vengan los municipales y me vean a mí vendiendo en la playa" y añade que "todo esto lo hacen porque tienen influencias en el ayuntamiento".
Los guardias de seguridad que vigilan las playas de los Ajaches, según Cruz, también llaman a la policía en cuanto se ponen a vender "esto es una persecución del ayuntamiento contra nosotros, nos tienen acosados" asegura el matrimonio.
Uno de los propietarios de los chiringuitos contiguos, Ángel Ramón Martín, reconoce que suele llamar a la policía local porque según explica, él paga muchos impuestos y no está dispuesto a que Luciano le quite su clientela vendiendo en la playa y de manera ilegal. "Yo no tengo interés por vender en la playa porque ya tengo mi terraza, pero le he dicho al alcalde que como permita que él siga vendiendo, yo contrato a unos marroquíes y los pongo a vender también por las playas. Pero el alcalde me ha dicho: Ángel no hagas eso, yo me encargo de este hombre, pero no hagas eso que da muy mala imagen".
Desde el ayuntamiento aseguran que está prohibido vender en esas playas porque es un espacio natural protegido y aunque la venta ambulante está regulada a nivel estatal, el consistorio no ha concedido ninguna licencia para comerciar en las playas porque ya hay establecimientos que se dedican a suministras bebidas y refrescos.
La institución aclara también que sobre los tres chiringuitos de Papagayo pesan sendos expedientes sancionadores del Gobierno de Canarias por llevar a cabo actividades clasificadas, en concreto de hostelería, sin tener licencia y que incluso hay una orden de precinto de la consejería de Sanidad, porque el local de Luciano y Cruz no reúne las condiciones higiénico-sanitarias para vender productos de alimentación y no tiene licencia para ello.
Los servicios jurídicos del consistorio sureño afirman que la sentencia en la que se escuda el vendedor, sólo le da derecho a recibir una notificación del ayuntamiento que ya se le ha entregado y que le niega la licencia solicitada.
Mientras tanto, Luciano afirma que si su situación no se soluciona "voy a encadenarme en el chiringuito y me pongo en huelga de hambre".
