EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE TIENE ADEMÁS "UNA OFERTA DE COMPRA"

La antigua Sol de Otoño sigue abierta con 14 ancianos ocho meses despúes de que Fiscalía ordenase su cierre

Los mayores que continúan en la residencia ni siquiera tienen reconocida aún la dependencia, necesaria para poder optar a una plaza en un centro público, según ha confirmado la consejera de Bienestar Social del Cabildo, Maite Corujo

21 de marzo de 2018 (11:44 CET)
La antigua Sol de Otoño sigue abierta con 14 ancianos ocho meses despúes de que Fiscalía ordenase su cierre
La antigua Sol de Otoño sigue abierta con 14 ancianos ocho meses despúes de que Fiscalía ordenase su cierre

La antigua residencia Sol de Otoño, que Fiscalía pidió cerrar el pasado mes de julio tras detectar "graves irregularidades", continúa abierta con 14 ancianos en su interior, según ha confirmado la consejera de Bienestar Social del Cabildo, Maite Corujo. Estos mayores, según ha afirmado, ni siquiera tienen reconocida aún la dependencia, necesaria para poder optar a una plaza en una residencia pública. 

Hay que recordar que fue precisamente el realojamiento de los ancianos lo que frenó el precinto del inmueble, ahora gestionado por la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores. Y es que, cuando la Policía Local de Tías acudió a ejecutar el mismo en septiembre, después de que el 3 de agosto el Ayuntamiento decretara la suspensión de la actividad del centro tras la orden de Fiscalía, no pudo llevarlo a cabo al haber mayores en el interior. 

En aquel momento, había 24 personas internadas en el centro y el entonces consejero de Bienestar Social, Juan Manuel Sosa, señaló que el Cabildo "no" podía realojarles porque "sería una injusticia" dar prioridad a los mayores de estas residencia privada por quienes su familiares "pagaban 1.300 euros", para ingresar en una pública, cuando "hay otros en lista de espera incluso desde hace un año". 

 

Con la dependencia "en trámite" pero no reconocida 


Cuando Maite Corujo asumió el área de Bienestar Social del Cabildo tras la entrada del PP al grupo de gobierno, la consejera afirma que retomó este asunto, a pesar de que "el Cabildo no tiene absolutamente nada que ver con este centro". "Es un tema que hay que dejar claro, que es un hogar, o como ellos quieran llamarlo, privado. Es una cosa que ellos comienzan con los familiares y que creo que se les ha ido de las manos, porque no cumplían y no se llevaban a cabo los requisitos que hay que llevar cuando uno tiene un establecimiento de este tipo. De ahí que tengan que cerrar porque no cumplen", ha puntualizado Corujo. 

La consejera ha apuntado así que lo que ha hecho la institución "es un seguimiento" confirmando que "ahora mismo hay 14 mayores" aún en su interior, de los que "muchos" tienen la dependencia en trámite, pero aún no la tienen reconocida. "Y tú, para poder optar a una plaza pública, tienes que estar en un listado oficial y para ello tienes que solicitar la dependencia", ha explicado Maite Corujo, poniendo así de manifiesto la imposibilidad de que por ahora sean realojados en una residencia pública. 

 

El propietario del inmueble tiene además "una oferta de compra"


A este respecto, Corujo ha señalado que se ha reunido "dos veces" con la dirección del centro. "Les he dicho que hay que hablar con las familias y que las familias se tienen que hacer cargo de su mayor hasta que puedan entrar", ha manifestado la consejera de Bienestar Social, que igualmente cree que "con el dinero que pagan" los familiares por tener a sus mayores en este centro privado, se pueden "buscar soluciones" como "una cuidadora". 

Sin embargo, en este sentido, familiares de los ancianos registraron el pasado 19 de septiembre un escrito en Fiscalía pidiendo que no cerrara la residencia y que se diera un tiempo al centro para subsanar las "deficiencias encontradas". "No se puede dejar a nuestros mayores en desamparo", señalaban en su carta, donde aseguraban no poder hacerse cargo de sus mayores. "No podemos ocuparnos de ellos, qué más quisiéramos. Es imposible conciliar su cuidado con nuestros trabajos, además de que nuestras viviendas no reúnen las condiciones adecuadas para atenderles: baños adaptados, puertas por donde puedan pasar las sillas que ellos utilizan, escaleras y un largo etcétera. Estas personas necesitan una atención de 24 horas", añadían. 

En octubre, el entonces consejero de Bienestar Social, Juan Manuel Sosa, también se comprometió a mediar para que Fiscalía diera tiempo al centro para subsanar sus "irregularidades". No obstante, además de la orden de cierre que pesa sobre esta residencia, la consejera de Bienestar Social ha señalado que el propietario del inmueble tiene intención de venderlo.  "El director me llamó la semana pasada y me dijo que el propietario tiene una oferta de compra", ha afirmado. 

 

Fiscalía tachó "de gravedad" la situación del centro


Hay que recordar que la residencia 'Sol de Otoño' ya fue clausurada en 2012 por orden judicial, después de que el programa 'Diario de' de Cuatro denunciara el trato que recibían los mayores. Sin embargo, nueve meses después, su director, Adolfo Acuña, reabrió las puertas de la residencia bajo el nombre de 'Brisas del Atardecer' al archivar la Justicia la causa contra el centro, que ahora gestiona la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, en la que Acuña ejerce de "subdirector, tesorero, secretario y administrador"

En el informe que Fiscalía remitió al Ayuntamiento de Tías en julio instándole al cierre "inmediato" del centro, se señalaba que el mismo "carece de cualquier habilitación o acreditación del Gobierno de Canarias que le permita funcionar como centro sociosanitario" tachando la situación "de gravedad". En él no sólo se hablaba de la falta de autorizaciones y de carencias en sus infraestructuras, sino que se ponía de manifiesto que la residencia "no tiene médico" ni otro personal como psicólogo, terapeuta ocupacional o trabajador social" según ha confirmaba entonces el alcalde de Tías, Pancho Hernández.

Además, en el informe de Fiscalía también se afirmaba que la asociación incumplía la ley con respecto a los ingresos, pues los mismos fueron firmados por "algún familiar" sin que los ancianos prestaran su consentimiento. "Ninguna de las personas ingresadas cuenta con autorización judicial de internamiento a pesar de que casi todos los residentes muestra una patología de deterioro cognitivo que hace presumir su falta de capacidad para conocer su estancia en el centro y permitir la misma", se recogía en el mismo. 


 

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