El Ayuntamiento de Yaiza ha abierto cinco expedientes sancionadores y ha ordenado parar obras en 12 viviendas de Playa Blanca, que se estaban realizando sin licencia. Cuatro de las viviendas son de particulares y las otras ocho pertenecen a la sociedad Varesa Tías SA. En casi todos los casos, incluyendo el de las viviendas de esta empresa, las denuncias fueron presentadas por la propia Policía Local, que entre septiembre y noviembre de 2015 presentó cuatro informes.
El quinto expediente surge de una denuncia que se registró en el Consistorio en junio de 2015. En ese caso, se trata de la ampliación de una vivienda ubicada en el número 17 de la calle Caleta de Sebo de Playa Blanca. En cuanto a las ocho viviendas de la misma empresa, se encuentran en la parcela A-19 de la Urbanización Castillo del Águila. Según el informe policial, se estaban abriendo nuevos huecos de puertas, ampliando la estructura y arreglando la zona de la piscina, entre otras cosas, sin contar con título habilitante.
Otra de las viviendas expedientadas se encuentra en la urbanización Las Terracitas número 18, en la calle La Palma, donde se estaba llevando a cabo una ampliación de la casa sin licencia. En cuanto a las otras dos, una está en la calle Playa de la Cruz número 26 y la otra en el residencial Carlos Park, vivienda 48. En la primera se estaba ampliando la terraza sin permiso y en la segunda estaban realizando un cerramiento de la terraza con carpintería acristalada y cubriendo las pérgolas existentes con ‘panel de sándwich’.
Legalización o derribo
En los cinco casos, el Ayuntamiento ha abierto ya expedientes de restauración de la legalidad urbanística y, al no poder notificar personalmente a los afectados, ha publicado este lunes el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Las Palmas. En esos anuncios, se ordena la suspensión inmediata de los trabajos, en caso de que aún continúen.
Además, los titulares de las viviendas deberán solicitar licencia para esas obras en un plazo máximo de dos meses. En caso de que ésta no pudiera concederse, por no ajustarse las obras a la ordenación urbanística o por ser "manifiestamente improcedente la posible legalización", el Ayuntamiento ordenaría entonces la demolición y el "restablecimiento de lo ilegalmente modificado".
En caso de que los promotores no paralicen las obras mientras se culmina el expediente, la resolución señala que el Consistorio precintará las obras, así como la maquinaria y materiales que se estuvieran empleando. Además, advierte de que si se incumple la orden de paralización se dará cuenta de ello al Ministerio Fiscal, "a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder".
