El Consejo de Administración de Inalsa y el Consorcio Insular del Agua aprobaron el pasado viernes que la empresa pública se acoja de forma voluntaria a la Ley Concursal, pero su principal acreedor se le adelantó. Tras mantener una reunión con la consejera delegada de Inalsa, en la que también participó Dimas Martín, y sobre todo tras escuchar la posterior rueda de prensa del PIL del pasado jueves, Unelco decidió acudir a los tribunales para pedir la intervención judicial forzosa de la compañía.
"En la reunión nos solicitaron que no presentáramos la concursal, diciendo que iban a negociar con nosotros la deuda. Las conversaciones quedaron abiertas para seguir negociando pero acto seguido, nos enteramos de que habían dado una rueda de prensa para anunciar que ellos sí iban a pedir la aplicación de la Ley Concursal", relatan fuentes de Unelco, que no ocultan su malestar por lo sucedido.
En esencia, la diferencia entre acogerse voluntariamente al concurso de acreedores o que se imponga de forma forzosa a petición de un tercero está en la capacidad de maniobra política que les quedará a los responsables de Inalsa. Y es que mientras una opción sólo implica que tres administradores se incorporen al Consejo de Administración, para supervisar la toma de acuerdos y alcanzar un plan de viabilidad en el plazo de un año, la intervención forzosa supone la desaparición de este órgano, quedando las riendas de la empresa completamente en manos de la Justicia.
Panorama incierto
Pese a la solicitud de Unelco ante el Juzgado de lo Mercantil, desde Inalsa consideran que prevalecerá su petición voluntaria. Y es que aunque hasta este miércoles todavía no se habían dirigido a los Juzgados, señalan que el hecho de que la decisión esté adoptada en los órganos de administración de Inalsa, que estaba convocados con anterioridad y con ese punto en el orden del día, prevalece sobre la presentación de Unelco.
Además, aseguran que la jurisprudencia indica que cuando hay una petición voluntaria y una solicitud forzosa de los acreedores, lo que se atiende es la solicitud voluntaria. Con respecto a quién lo presentó antes, señalan que no es determinante, porque un acreedor siempre podría adelantarse, al ser públicas las convocatorias de los órganos de decisión de una empresa pública, por donde pasa un acuerdo de este calado.
Al respecto, desde Unelco lo tienen claro. "El tema está en manos de la Justicia, y el juez decidirá". En cualquier caso, subrayan que ya tiene un auto judicial anterior en el que se obliga a Inalsa a pagarles 6,5 millones de euros, aunque este pago tampoco ha llegado a realizarse.
"Ni un euro en un año"
"Queremos que quede claro ante los clientes que tenemos en Lanzarote que esta empresa ha tenido la voluntad de negociar todo el tiempo y la mayor disposición para llegar a acuerdos. Al contrario de lo que se lee por ahí, esta empresa no ha intentado asfixiar a nadie. Y si no, a las pruebas nos remitimos", afirman fuentes de Unelco.
Así, aseguran que Inalsa "no ha pagado ni un duro" en el último año. "No ha habido en ningún momento un gesto para pagar algo durante un año entero, y el problema no es sólo que la deuda es ya de 14 millones de euros, sino que cada mes se suma un millón más. Entendemos que nuestros administradores también exigen que actuemos en defensa de la empresa".
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