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El informe del Parlamento Europeo relativo al reglamento general de los fondos estructurales y de cohesión de 2007 a 2013 solicita que Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas (RUP) se beneficien del pleno cumplimiento de artículo 299.2 del Tratado y, por tanto, "reciban un trato especial en lo que respecta a su acceso" a estas ayudas de la Unión Europea (UE) "incluidas las regiones cuyo producto interior bruto se sitúe por encima del 75 por ciento de la media comunitaria".
El eurodiputado griego del Partido Popular Europeo (PPE), Konstantinos Hatzidakis, es el ponente de este informe de opinión que será discutido hoy en la sesión plenaria de la Eurocámara que, desde ayer y hasta el próximo jueves, se celebra en Estrasburgo. Junto al informe de Hatzidakis llegan al pleno otros cinco documentos que serán la base del debate conjunto sobre los fondos estructurales que realizarán los eurodiputados, quienes emitirán su voto respecto a los mismos un día después, es decir, este miércoles.
De los seis informes, la mitad son simples consultas -entre ellas el texto del eurodiputado popular griego- y los tres restantes, los relativos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), al Fondo Social Europeo (FSE) y a la creación de la agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT), codecisiones en primera lectura.
Por tanto, el ‘informe Hatzidakis' expresará la opinión de la Eurocámara respecto al marco general de los fondos estructurales y de cohesión de 2007 a 2013 pero no condicionará la decisión final de los Veinticinco.
La mención incluida en el documento de este eurodiputado griego del PPE persigue que, particularmente Canarias y Madeira que superan el umbral del 75 por ciento, puedan reinstalarse en el ‘objetivo 1' por las desventajas que ocasiona su ultraperificidad y sin utilizar el criterio del nivel de renta.
Asimismo, el ‘informe Hatzidakis' "apoya firmemente la acción específica de 1.100 millones de euros para las regiones ultraperiféricas" como establece la propuesta inicial de la Comisión Europea, donde además se proponía la división de este montante utilizando como único criterio la población por lo que las Islas (con aproximadamente el 44 por ciento de los habitantes de las RUP) podía acceder a unos 480 millones de euros.
Este programa específico para las RUP desapareció en el transcurso de las fracasadas negociaciones entre los socios comunitarios sobre las perspectivas financieras de 2007 a 2013, y, para sustituirlo, se crearon unas ayudas adicionales a las que también tenían acceso las regiones con una baja densidad de población de Austria, Finlandia y Suecia.
