El Ayuntamiento de San Bartolomé ha anunciado que exigirá a las entidades bancarias que hayan adquirido bienes inmuebles con ocasión de la dación en pago y en procedimientos de ejecución hipotecaria, que procedan al pago del impuesto de bienes inmuebles y al de plusvalías. Así, "las personas que han perdido sus viviendas se verán liberadas del pago de estos impuestos municipales", según destacan desde el Consistorio, que entiende que esta medida "es de justicia".
Actualmente, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ya contempla que en el caso de la dación en pago, el impuesto de plusvalías debe ser abonado por la entidad bancaria, "sin que éste pueda exigir al anterior propietario el abono de la cantidad satisfecha", como en algunos casos viene sucediendo a pesar de esta ley.
Ahora, el Ayuntamiento anuncia que velará por el cumplimiento de esta Ley, que entiende que también es aplicable a los casos de ejecuciones hipotecarias.
Interpretación a favor de los sectores "más desfavorecidos"
"El Ayuntamiento, con el ánimo de favorecer a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias que coinciden con aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad, fundamentalmente, con los desempleados, interpreta que las entidades bancarias, igualmente, han de pagar dicho impuesto en los procedimientos de ejecución hipotecaria en donde el afectado ha perdido su vivienda", señala en un comunicado.
Así, el Consistorio no requerirá el pago del impuesto de plusvalías, en caso de que exista, y el de bienes inmuebles al afectado, sino "a la entidad bancaria que ha pasado a ser titular de la vivienda objeto del crédito hipotecario, siendo por tanto, la obligada a pagar los indicados impuestos municipales".
La alcaldesa, María Dolores Corujo, señala que "se trata de una medida más de este Ayuntamiento destinada a hacer justicia y apoyar a las personas más desfavorecidas dentro del contexto actual de la crisis económica, cuyo origen no puede ser nunca imputable a aquellas personas que han perdido su empleo y su vivienda en contra de su voluntad".
Asimismo, subraya que el Ayuntamiento ha decidido que en los pliegos de cláusulas administrativas para la licitación pública de adjudicación de contratos de obras o servicios se establezca como criterio de adjudicación el denominado "creación de empleo", obteniendo mayor puntuación las empresas que contraten el mayor número de trabajadores desempleados en situación de exclusión social.
