El ex alcalde de Yaiza y vicepresidente del PNL, José Francisco Reyes, confesó durante su declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez, y el fiscal Ignacio Stampa, haber recibido dinero de empresarios, vinculado a la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca. Ése es uno de los contundentes datos que se confirman después de que la magistrado haya decidido levantar este martes el secreto de sumario de la causa.
Reyes, que prestó declaración el pasado domingo 4 de octubre, después de pasar cuatro días detenido, señaló incluso varios nombres de empresarios que le habrían "ayudado", y que ahora serán citados por la jueza en calidad de imputados. Algunos, presuntamente, por pagar sobornos (cohecho). Otros, por hacer pagos "en especie", en forma de distintos beneficios o regalos.
Durante su declaración, el ex alcalde de Yaiza tuvo que responder, entre otras cosas, por gastos de más de 700.000 euros realizados por él y su familia, concentrados sobre todo en unos tres o cuatro años, y cuyo origen no se podía justificar, según el informe realizado por la Udyco tras rastrear el patrimonio de Reyes y de su entorno. Y ante la evidencia de estos datos, Reyes habría decidido empezar a colaborar, al menos parcialmente, con la investigación.
Un hotel rodeado de polémica
Entre los datos que aportó en su declaración, y que ahora forman parte del sumario de la causa, José Francisco Reyes se refirió expresamente a la licencia del hotel Papagayo Arena, indicando que la empresa responsable de este polémico establecimiento le habría pedido que "agilizara" los trámites y que diera "legalidad" al proyecto.
El hotel Papagayo Arena, con capacidad para 747 camas turísticas, levantó sus 12 plantas de altura en primera línea de la Playa de Las Coloradas, amparándose en dos licencias urbanísticas otorgadas por el alcalde de Yaiza en las parcelas 1 y 2 del Plan Las Coloradas, que eran contrarias a la ordenación territorial y urbanística, y que posteriormente fueron anuladas por la Justicia.
El Cabildo de Lanzarote siempre ha sostenido que el caso del Hotel Papagayo Arena "supone el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico". De hecho, la propia Corporación insular denegó, a través de una resolución de la Presidencia con fecha de 16 de agosto de 2005, la licencia de apertura y puesta en funcionamiento del establecimiento, debido a las múltiples irregularidades y anomalías advertidas, aunque pese a todo el hotel está funcionando.
Otras licencias bajo sospecha
Además de los nombres que citó, y entre los que también se encontraría un empresario y abogado vinculado a planes parciales de Playa Blanca, Reyes admitió que podría haber cobrado por otras licencias otorgadas durante su mandato, aunque en ese primer interrogatorio ante la jueza tras su detención, se negó a dar más nombres.
El ex alcalde de Yaiza, que está acusado de cohecho, prevaricación urbanística, malversación de fondos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ingresó en la cárcel de Tahíche tras su declaración en los juzgados y, hasta nueva orden de la jueza, continuará en prisión provisional.
Mientras tanto, la causa sigue abierta y pendiente de nuevas declaraciones. Y aunque la magistrada ha decidido levantar el secreto de sumario, la investigación continuará su curso.
Tres años de investigación
La investigación lleva abierta más de tres años, y pretende llegar al fondo de los motivos que llevaron a José Francisco Reyes a conceder unas 30 licencias de obras y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, yendo contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y hasta de los propios informes de los técnicos del Ayuntamiento. Algunas, incluso, se llegaron a conceder el mismo día en que fueron solicitadas.
Hasta ahora, en la causa estaban imputados el abogado Felipe Fernández Camero, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y Pablo Carrasco Cabrera, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, además del propio Reyes.
