El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, podría ser uno de los primeros condenados del caso Unión. Su defensa, de la que se encarga Juana Fernández de las Heras (hija de Felipe Fernández Camero), ha cambiado de estrategia y ha mostrado su conformidad con el último escrito de acusación de la Fiscalía en esta pieza. Y con ello, Reyes reconoce que prevaricó al autorizar la construcción del chalet de Carlos Morales y Alexia de Grecia, y acepta una pena de seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Ahora, el Juzgado deberá citarle y, si se reafirma en el escrito de conformidad, se dictará automáticamente una sentencia condenatoria, sin necesidad de celebrar el juicio. En esa sentencia, el fiscal Javier Ródenas también pide que se declaren nulas las licencias que Reyes concedió al primo político del actual Rey de España, Carlos Morales, y que se otorgaron con informes técnicos negativos, en una zona donde no se podía haber levantado esa casa.
Durante la instrucción, el propio Morales llegó a estar imputado por un delito contra la Ordenación del Territorio y otro de inducción a la prevaricación urbanística. El segundo se terminó archivando, al no tener pruebas que acreditaran esa supuesta influencia sobre Reyes para que le otorgara licencias ilegales. En cuanto al primero, la juez que entonces instruía la causa, María Jesús Hernández Elvira, también decidio archivarlo, al entender que Carlos Morales podría haber incurrido en una infracción administrativa, pero no en un delito. Cabe recordar que el nuevo Plan General de Yaiza recalifica ese suelo. Así, aunque la sentencia declare ilegal la vivienda, Carlos Morales podría iniciar el procedimiento para regularizarla, solicitando una nueva licencia en virtud del Plan General en vigor.
Un cambio trascendental para Unión
La decisión de mostrar su conformidad con el escrito de acusación (al igual que antes han hecho otros imputados como Fernando Becerra y José Miguel Rodríguez) reafirma la solidez de la causa y contrasta con la actitud que ha mantenido hasta ahora la propia abogada de Reyes, que representa a otros acusados en Unión y además es hija de uno de los imputados, Felipe Fernández Camero. Hasta ahora, tanto ella como Camero habían basado su estrategia de defensa en buscar la nulidad de las actuaciones, alegando supuestas irregularidades en la instrucción.
Fernández de las Heras lo hizo incluso en el primer juicio de Unión, por la pieza de Rodríguez Batllori, donde representa a uno de los acusados. En la primera sesión, celebrada hace más de un mes, se sumó a otros letrados pidiendo que se suspendiera el juicio y que se anularan pruebas e incluso la causa entera, apelando a esas supuestas irregularidades. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó esas peticiones e inició la vista oral, que se ha celebrado en varias sesiones y terminará el próximo viernes en Gran Canaria.
Mientras tanto, en esta otra pieza contra Reyes, Juana Fernández de las Heras ha decidido que su defendido se acoja a una negociación con la Fiscalía y muestre su conformidad con la acusación, para evitar así el juicio e intentar rebajar la pena a la que podría haberse enfrentando. En total, el fiscal pedía inicialmente dos años de prisión para Reyes, pero tras el acuerdo alcanzado ha accedido a rebajarlo a seis meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el escrito de conformidad, el fiscal Javier Ródenas deja claro que si Reyes o su abogada decidieran dar marcha atrás cuando sean citados por el juez para ratificarse en este acuerdo, se celebraría el juicio tal como estaba previsto, y con la petición inicial de dos años de cárcel.
¿Entrará en prisión?
Tanto si fuera condenado a seis meses de cárcel, como si se le impusiera el máximo de dos años previsto para este delito, Reyes podría eludir el ingreso en prisión, aunque la decisión final la tendrá el juez. Y es que aunque ya tiene antecedentes penales (fue condenado en otra causa por prevaricación urbanística), éstos no son computables a efectos de esta sentencia, ya que los hechos que se juzgan en este caso (la concesión de dos licencias ilegales entre 2005 y 2006) son anteriores a la otra condena, que se dictó en enero de 2010.
En cualquier caso, como sucede en todas las penas inferiores a dos años y un día de cárcel, será el Juzgado quien deba decidir si suspende la ejecución de la pena (que hasta ahora era lo más frecuente si no existen antecedentes penales); o si el condenado ingresa en prisión (como ha sucedido por ejemplo en el caso de Isabel Pantoja). Y es que la suspensión de la pena no es algo que se aplique de forma automática, sino que se analiza individualmente cada caso. Y en el de Reyes, podría pesar no solo esa condena anterior (aunque formalmente no sea computable), sino también las causas que aún tiene pendientes con la Justicia.
En la de mayor envergadura, el caso Yate, que está pendiente de juicio, la Fiscalía pide para él 25 años de cárcel, por presuntos delitos de cohecho, prevaricación urbanística, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad documental, todo ello vinculado a la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Junto a él, entre otros, están imputados su mujer y tres de sus hijos, por presuntos delitos de blanqueo.
"Plenamente consciente de la ilegalidad"
Los hechos que se investigan en esta pieza, en la que la Fiscalía podría lograr una condena sin llegar siquiera a juicio, se remontan al año 2005. En julio de ese año, Carlos Morales pidió al Ayuntamiento de Yaiza una licencia municipal de obra mayor sobre proyecto básico, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Barranco del Agua, ubicada entre los planes parciales de Puerto Calero y Cortijo Viejo.
El 5 de diciembre de 2006, según el escrito de Fiscalía, el entonces alcalde firmó un decreto concediendo esa licencia, pese a que era "plenamente consciente de la ilegalidad de su concesión" e incluso contaba con informes contrarios, tanto del secretario como del aparejador de la Oficina Técnica, que se lo advertían. Por todo ello, el fiscal concluye que "el acusado era perfecto conocedor y, aún sabiendo de su imposibilidad manifiesta por la falta de todo lo ordenado por la normativa urbanística para poder ejecutar la edificación de vivienda unifamiliar aislada, no dudó en vulnerar la normativa urbanística" y conceder la licencia.
Lo mismo sucedió después con una segunda licencia concedida por Reyes, ya para la ejecución del proyecto definitivo, que también se otorgó con informes técnicos negativos, "obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable, prescindiendo de los trámites esenciales en el otorgamiento de las licencia" y "sin contar con el informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con el PIOT a emitir por el Cabildo de Lanzarote", según sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía.
