La primera jornada del juicio por el pago de facturas por trabajos presuntamente no prestados a Francisco Rodríguez Batllori ha llegado a su fin este jueves con la declaración de cuatro de los seis imputados (los otros dos lo harán este viernes), después de que la Audiencia Provincial decidiera rechazar la solicitud de suspender la vista.
La petición la habían formulado cinco de los seis acusados, alegando supuesta indefensión y vulneración de derechos fundamentales y constitucionales. Sin embargo, tras un receso de hora y media, la Sala ha rechazado suspender la vista y ha determinado que el resto de las cuestiones previas planteadas durante la mañana por las defensas, que han pedido incluso la anulación de todas las actuaciones, se resolverán al dictar sentencia.
Al reanudar la sesión, ha comenzado la declaración de los imputados, aunque de momento solo uno de ellos ha respondido a todas las preguntas. Ha sido el ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, que durante la instrucción ya había confesado los hechos de los que se le acusa e incluso ha devuelto ya el dinero presuntamente malversado. Durante el juicio, ha ratificado su confesión y ha asegurado que autorizó pagos a Batllori por trabajos que realmente no había prestado, cumpliendo órdenes de Dimas Martín.
A continuación ha llegado el turno de la ex concejal de Recursos Humanos de Arrecife, Luisa Blanco, de la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra, y del ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta. Y los tres han decidido acogerse a su derecho a no declarar, respondiendo solo a las preguntas de su abogado.
Decenas de preguntas sin respuesta
Aún así, el fiscal Javier Ródenas ha ido trasladando una a una las preguntas que tenía previstas para ellos, mientras los acusados guardaban silencio. Ni siquiera han hablado para defenderse. En el caso de Luisa Blanco, se ha negado a responder incluso al abogado de Dimas Martín, que le ha preguntado si lo que había declarado previamente José Miguel Rodríguez era "cierto o manifiestamente falso".
Pese a que en esa declaración, Rodríguez ha implicado directamente a Luisa Blanco, afirmando que ella autorizó pagos a Batllori pese a que le constaba que no había realizado ningún trabajo para el Ayuntamiento, la ex edil tampoco ha respondido a esa pregunta ni ha desmentido a su ex compañero.
Por su parte, en su larga lista de preguntas que no han encontrado respuesta, el fiscal ha hecho referencia a una declaración previa en el Juzgado de Luisa Blanco, en la que afirmó que Batllori le había asesorado sobre si los policías debían llevar guantes. "¿Autorizó usted el pago de más de 7.000 euros por decirle si los policías debían llevar guantes?", le ha preguntado el fiscal, mientras la ex edil seguía guardando silencio.
Cuando ha llegado el turno de preguntas de su abogada, Luisa Blanco ha roto su silencio y ha afirmado que pese a ser concejal de Recursos Humanos no tenía "competencias delegadas", que su trabajo consistía en "planteamientos laborales", en atender "quejas de los trabajadores" y en "labor burocrática", pero que incluso las nóminas que se hacían en su departamento las firmaba el alcalde y que ella no hacía "contrataciones".
Un abogado que "no iba a los pleitos"
Respecto a la supuesta contratación de Rodríguez Batllori para asesorar a su departamento, ha afirmado que ella se limitó a trasladarle al concejal de Hacienda la necesidad de contar con un abogado laboralista en Recursos Humanos. "No le dije que fuera Batllori, solo que necesitaba alguien", ha declarado, asegurando que fue José Miguel Rodríguez quien le envió a este abogado.
Lo que no ha aclarado (porque su abogada no se lo ha preguntado y a los interrogantes del fiscal se ha negado a responder) es qué labor desempeñaba exactamente Batllori en el Ayuntamiento. Al respecto, Luisa Blanco se ha limitado a decir que mantenía reuniones con ella y con una técnico del área. "Unas cuantas veces, no recuerdo exactamente", le ha respodido a su letrada, cuando ésta le ha preguntado cuántas veces se reunieron.
Después, ha explicado que si terminaron prescindiendo de sus servicios fue porque Batllori "no iba a los pleitos" y decidieron contratar a otro abogado. Una declaración que contrasta con la versión que ha dado José Miguel Rodríguez, que asegura que todos los concejales del PIL decidieron que se dejara de abonar facturas a Rodríguez Batllori porque realmente no estaba prestando servicio alguno para el Consistorio. Durante la instrucción y en la primera jornada del juicio ha quedado claro que no existía contrato alguno firmado, y tampoco hay ningún documento, informe o papel que acredite el supuesto asesoramiento.
