El alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, ha acudido este viernes a declarar en calidad de imputado al Juzgado de Instrucción 6 de Arrecife, en el marco de un proceso abierto contra el anterior grupo de gobierno de San Bartolomé, en la pasada legislatura, del que Reguera formó parte entre el año 2003 y julio de 2004.
La querella fue interpuesta en noviembre de 2005 por el entonces concejal de Alternativa Ciudadana en San Bartolomé, José Antonio González (hoy concejal del PSOE). Los hechos tienen que ver con el derribo de una casa del siglo XVIII y con un convenio urbanístico firmado con una empresa por el que el Ayuntamiento cedía dos parcelas a una Junta de Compensación de la que era administrador el hermano del entonces alcalde, Miguel Martín.
En el proceso hay imputadas 15 personas y todas ellas han ido declarando en los cinco años transcurridos desde que se interpuso la denuncia. Sin embargo, en el caso de Reguera, su citación llegó más tarde, ya que hasta diciembre de 2009 (cuando renunció a su acta de diputado nacional), tenía condición de aforado.
Ante su comparecencia ante la Justicia, Cándido Reguera defiende su actuación y afirma que todos los informes sobre el convenio que se firmó cuando era miembro de aquel grupo de gobierno eran favorables, y que cuando se aprobó un convenio posterior sobre la misma finca, él ya no estaba en el Ayuntamiento.
Con respecto al derribo del edificio, Reguera asegura que fue el PP quien abrió el expediente y sancionó por el derribo del inmueble, y que luego se buscó la forma de proteger la casa a través de un convenio. Además, afirma que en aquel momento, la casa no era bien protegido porque el catálogo no se había culminado.
Siete años atrás
Los hechos se refieren al derribo parcial en marzo de 2003 de una casa del siglo XVIII incluida en el Catálogo de Patrimonio Histórico-Cultural de San Bartolomé. El entonces alcalde Miguel Martín (CC) firmó, previa autorización de la Comisión de Gobierno, cuando estaba en funciones (junio de 2003) un convenio con la empresa Garpalanz por el que el Ayuntamiento excluía esa vivienda del catálogo, daba licencia para segregar la finca sobre la que estaba la casa y compraba esa finca a la empresa por 90.000 euros.
Además, el Ayuntamiento concedía licencia para edificar cuarenta y una viviendas en el resto de la finca y encargaba a Garpalanz la construcción de un parque infantil, sin sacar la obra a concurso, en la finca recién adquirida por el Ayuntamiento. Con este convenio, según la denuncia, se vulneraba un acuerdo plenario de 2002 por el que se incluía la casa en el catálogo municipal y se suspendía el otorgamiento de licencias.
Fincas en Playa Honda
Posteriormente, en marzo de 2005, cuando Reguera ya no estaba en el Ayuntamiento, se firma con la empresa Soegan, que hereda los derechos de Garpalanz, otro convenio que anula el anterior, por el que el Ayuntamiento adquiría la finca de la casa del siglo XVIII, cuyo derribo se había paralizado. La empresa se obligaba a rehabilitar la vivienda, parcialmente demolida, por 377.000 euros. Como contraprestación, el Ayuntamiento cedía dos fincas municipales en la zona industrial de Playa Honda, tasadas por un técnico externo muy por debajo del precio de mercado, según la querella.
Las dos fincas se encontraban dentro de la Unidad de actuación número 4 de Playa Honda y el administrador de la Junta de compensación de esa Unidad era el hermano del alcalde Miguel Martín, Cayetano Martín. El Ayuntamiento había aprobado dicha Unidad sólo dos meses antes y había hecho una modificación un mes antes del convenio.
En ese convenio, además de la cesión de las fincas a la empresa, el Ayuntamiento se comprometía a aumentar al doble la edificabilidad de las parcelas y a modificar las normas subsidiarias de planeamiento o, si eso no fuera posible, a incorporar el aumento de edificabilidad acordado en el Plan General de Ordenación del municipio, que se estaba redactando.
Nuevo pleno
En octubre de 2005, los miembros del grupo de gobierno ratificaron en pleno el convenio de marzo, a pesar de las advertencias legales hechas por Alternativa Ciudadana, que decidió acudir a los tribunales y denunciar a todo el grupo de gobierno (en el que ya no estaba Reguera), a los responsables de las empresas Garpalanz y Soegan, al tasador de las fincas y al hermano del alcalde.
En la querella se considera que los hechos narrados podrían ser constitutivos de varios delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, un delito contra la ordenación del territorio y delito contra el Patrimonio Histórico.
ACN Press
