Un total de 13 auxiliares de conversación de inglés de Lanzarote se enfrentaron este miércoles a la Consejería de Educación, en un juicio celebrado por el Juzgado de lo social número 3 de Arrecife, después de que el Ejecutivo regional decidiera prescindir de sus servicios para este curso.
Estas personas venían trabajando desde hace años en colegios e institutos públicos de la isla, dentro de un proyecto que la Consejería de Educación puso en marcha para prestar apoyo al profesorado, para mejorar su capacitación lingüística". "Se buscó a personas que fueran nativas para que acompañasen al profesorado en las aulas en determinadas horas", explica Georgina Molina, directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias. En total, 323 en toda Canarias prestaban sus servicios, antes de su retirada.
Era el CEP quien se encargaba de certificar las horas que estos auxiliares de conversación realizaban. "Nosotros les pagábamos la parte que les correspondía por sus horas de trabajo más la proporcional por la retención del IRPF", señala Molina.
Los profesores estaban dados de alta como autónomos, porque desde la Consejería así se les exigía, pero el problema vino, según explica Molina, cuando uno de ellos, trabajador en Tenerife, entendió que no era personal autónomo, sino que ejercía funciones de profesorado y decidió denunciar a finales del curso pasado a la Consejería.
Multa del Ministerio
Esto se unió en el tiempo a una multa que el Ministerio de Trabajo e Inmigración impuso a Educación, solicitando el pago de más de 400.000 euros, en conceptos de cuotas a la Seguridad Social, por estos trabajadores, al entender que no eran autónomos, sino que tenían "una relación laboral" con el Gobierno de Canarias. Una multa que desde el Ejecutivo regional ha sido recurrida. "Aprovechando esto y la crisis económica, que no hay dinero para nada, decidimos en verano retirar el servicio al entender que el profesorado ya tenía que estar formado".
Entonces, afirma Molina, muchos de estos profesores nativos "pusieron el grito en el cielo y decidieron denunciar". "Nos denunciaron porque consideran que tienen que ser trabajadores y personal de la Consejería, cuando mucho de ellos no tienen ni titulación. Eso en primer lugar. Después, para entrar a ser miembro de la función pública tienes que tener una acreditación y unas oposiciones", apunta la directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias.
Demanda en Lanzarote
Y lo mismo ocurrió en Lanzarote. "En agosto, viendo lo que había pasado con el tema de la multa, nos comunicaron que no nos incorporaríamos el 1 de septiembre y que no lo haríamos hasta que se solucionara", asegura. Pero viendo que el tiempo pasaba, explica este profesor, decidieron presentar en noviembre una demanda por despido improcedente. "Reclamamos indemnizaciones por ello y por las cotizaciones que habíamos hecho como autónomos, porque ellos dicen que no había una relación laboral, sino administrativa y que estábamos para los profesores y no para los alumnos, pero es mentira", afirma.
El juez, según asegura, desestimó el despido improcedente al considerar que había "prescrito". "Considera que no los presentamos a tiempo, porque la Consejería no fue clara con nosotros y nos tenía en vilo esperando y hasta noviembre no presentamos la demanda", señala.
Sin embargo, queda la puerta abierta en el plano de poder ser indemnizados por las cotizaciones que hicieron a la Seguridad Social y habrá que esperar a que se dicte sentencia para ello.
