El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote pedirá la comparecencia del gerente del Consejo Insular de Aguas, Erik Martín, para que "dé explicaciones sobre la tramitación de la autorización de una planta depuradora en la bodega Stratvs". El partido considera que "estamos ante un nuevo trato de favor al empresario Juan Francisco Rosa", imputado en el caso Stratvs por la construcción de la bodega y al que la Fiscalía pide 15 años de prisión. "Resulta escandaloso, como ocurrió en su día con las licencias hoteleras en Playa Blanca, que para determinadas personas se hagan ‘informes exprés’, en unas pocas horas, mientras para el común de los ciudadanos se tarden meses en tramitar los mismos procedimientos", denuncia Podemos.
El partido hace referencia al expediente que consta en el Cabildo, que refleja que el 18 de octubre de 2016, la empresa BTL pidió autorización para instalar una depuradora en la bodega Stratvs. El Consejo Insular de Aguas decidió entonces solicitar un informe jurídico, que fue emitido el 19 de diciembre de 2016 por Antonio Medina, y que proponía dirigirse al Juzgado número 5 de Arrecife para que remitiera el testimonio del auto en que se acordó el cierre de la bodega en diciembre de 2013.
Sin embargo, tal como publicó este miércoles La Voz, Rosa presentó un nuevo escrito en el Consejo Insular de Aguas el día 3 de enero, informando del auto del juez Salvador Alba que levantó la medida cautelar de cierre. "Solo 24 horas después", subraya el partido, "el 4 de enero de 2017, el gerente del Consejo Insular de Aguas, Erik Martín, emitió un informe de seis folios dando por buenas las pruebas aportadas por el empresario y proponiendo la continuidad del expediente" para autorizar la instalación de una depuradora en Stratvs.
Además, Podemos cuestiona que "el gerente permitió que la tramitación del expediente continuara" pese a que el presidente de la Audiencia Provincial y de la Sección Sexta, Emilio Moya, anuló una providencia de Alba que ordenaba el desprecinto. En su resolución, Moya dejaba claro que el auto que levantó la medida cautelar de cierre aún no es firme y que antes de autorizar el desprecinto, deberán resolverse los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular.
En su comunicado cuestionando la intervención del gerente del Consejo Insular de Aguas en este procedimiento, Podemos recuerda que la plaza que ocupa "no salió a concurso, tal como aseguraron que harían en su día tanto el presidente Pedro San Ginés como el consejero de Recursos Humanos, Luis Arráez, y finalmente optaron por la fórmula de la libre designación, un mecanismo excepcional con mayor componente discrecional".