El denunciante del caso de La Bufona, Eduardo Murillo, ha presentado un nuevo escrito en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, pidiendo que se investigue la "alteración catastral" que, según sostiene, se llevó a cabo en el último año y que "beneficiaba" a la presidenta insular del Partido Popular, Ástrid Pérez. Concretamente, la denuncia sostiene que entre el año 2015 y el año 2016, la finca donde se asienta su vivienda pasó a figurar en el Catastro como suelo de "uso residencial", cuando hasta entonces aparecía como "parcela rústica de uso agrario". De hecho, tanto esta vivienda como las otras 13 situadas en la misma calle tienen una orden de derribo parcial, por ocupar suelo protegido con parte de las construcciones. Además, la casa de Ástrid Pérez pasaba en el Catastro de 203 a 240 metros cuadrados de superficie construida.
Según Murillo, fue en abril de este año cuando detectó ese último cambio en el Catastro, que afectaba solo a la vivienda de la presidenta del PP, ya que las otras casas colindantes seguían teniendo la misma categoría de suelo. En ese momento, tal como publicó la pasada semana La Voz de Lanzarote, Eduardo Murillo se dirigió al delegado de Economía y Hacienda de Las Palmas, advirtiendo de esta nueva y presunta irregularidad y señalando que podía constituir un delito. Además, volvía a pedir explicaciones sobre por qué no se había ejecutado aún una sentencia dictada en el año 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló la inscripción catastral de todas esas viviendas, señalando que se había creado una "calle ficticia" para registrarlas.
En su denuncia, Murillo recuerda que esas fincas estaban a su nombre y fueron "dadas de baja ilegalmente" en el Catastro. Después, en ese lugar fueron dadas de alta varias fincas "con doble referencia alfanumérica (una de naturaleza rústica y otra de naturaleza urbana) en una calle ficticia, el Chubasquillo, que no existe en el municipio de Arrecife". El nombre real de la calle donde se asientan las viviendas es la calle Chabusquillo, es decir, con un cambio de dos letras. Según el denunciante, "utilizaron la triquiñuela de darlas de alta en una calle que no existe" para "omitir la obligación de llamar al titular catastral de ese suelo".
La Fiscalía vio "procedente" abrir nuevas diligencias hace dos meses
El pasado 10 de marzo, en respuesta a otro escrito anterior de Murillo, el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ya señaló que "procedía" incoar diligencias de investigación penales en relación a los hechos ocurridos hace una década, "para valorar si se ha producido algún hecho delictivo no prescrito en relación con el hecho de dar de baja dos fincas catastrales sin conceder audiencia a los titulares de las mismas". Ahora, la familia Murillo pretende que a esas diligencias se una también la investigación sobre una supuesta "alteración catastral" más reciente, que es la que afectaba a la vivienda de Ástrid Pérez.
En su ampliación de la denuncia pidiendo que se investigue este hecho, Eduardo Murillo subraya que justo cinco días después de que dirigiera su último escrito a la Delegación de Economía y Hacienda, se modificó la base de datos del Catastro, dando por fin cumplimiento a una sentencia que se había dictado hace ya tres años. Así, tanto la vivienda de la presidenta insular del PP como las otras casas afectadas desaparecieron del Catastro y, según la resolución remitida por la Gerencia del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, volvieron a inscribir las fincas a nombre de la familia Murillo.
Ahora, el denunciante pretende que la Fiscalía investigue si esa resolución, dictada el pasado 10 de mayo, "pudiera tener la finalidad de borrar el rastro de las ilegalidades administrativas que han permitido el alta ilícita en la base de datos del Catastro, de viviendas en el planeamiento de La Bufona", y también si "pudiera tener el propósito de hacer desaparecer la singularidad catastral que afectaba a la vivienda propiedad de la presidenta del Partido Popular Ástrid Pérez, que era la única casa que figuraba en los planos del Catastro que estaba edificada sobre suelo de uso residencial, a diferencia de las viviendas de su convecinos". Y es que este hecho había sido denunciado por Murillo ante la Delegación de Hacienda justo cinco días antes de que se aprobara esta resolución, y después de años reclamando que se ejecutara la sentencia y se anularan las inscripciones registrales de esas viviendas ilegales.
Pide que se investigue el expediente en el que se basó ese cambio
En su ampliación de la denuncia, presentada este mismo lunes 23 de mayo, Murillo pide a la Fiscalía Provincial que "reclame a la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, que informe en qué expediente administrativo y en base a qué documentación, el gerente del Catastro, José Antonio Mateos Tejada, autorizó que su casa en La Bufona fuera la única que figurase en los planos del Catastro como edificada sobre suelo de uso residencial, manteniendo las viviendas de sus vecinos como edificadas sobre suelo rústico de uso agrario".
Además, también pide que se investigue "si la actuación del gerente pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación, en su modalidad de comisión por omisión", al no haber ejecutado en tres años la sentencia firme del TSJC anulando esas inscripciones catastrales. Sobre este punto, el fiscal jefe respondió hace dos meses a Murillo que no procedía "por el momento iniciar una investigación penal por la supuesta conducta de no ejecutar una sentencia judicial", ya que entendía que antes debía dirigirse al propio tribunal que dictó la sentencia y, en caso de que la sala "apreciara una conducta renuente a la ejecución", procedería dar parte a la Fiscalía para abrir diligencias.
Sin embargo, García-Panasco sí apreciaba motivos para abrir una investigación por los cambios en el catastro en la década pasada, cuando se dieron de baja las fincas de la familia Murillo, para después dar de alta en ese terreno varias fincas con las viviendas promovidas por Brisa Inversiones, que fueron adquiridas por distintos particulares, incluyendo a Ástrid Pérez y al que entonces era fiscal coordinador en Lanzarote, Miguel Pallarés.
Una pieza separada hace siete años
En la propia respuesta enviada por García-Panasco a Murillo el pasado mes de marzo, se hace referencia también a una pieza separada que se abrió dentro del caso de La Bufona hace siete años, precisamente para investigar la "irregular situación catastral" de esas fincas y la "posible comisión de un delito económico o fraude fiscal". Y es que durante un tiempo, las parcelas estuvieron "omitidas" de la base de datos del Catastro, por lo que ni Brisa Inversiones ni los posteriores compradores de las viviendas pagaron impuestos durante un tiempo, hasta que finalmente las casas fueron dadas de alta de forma ilegal en el Catastro, con una inscripción que ahora ha sido anulada.
Respecto a esa pieza separada, la Fiscalía no aclara en qué situación se encuentra y en su respuesta a Murillo, se limita a señalar que "se considera que las diligencias de investigación fueron incorporadas a la causa, precisamente a instancias del Ministerio Fiscal", y que "se entiende" que en el escrito de acusación del fiscal en el caso de La Bufona se "fijó" la posición de la Fiscalía "respecto de todos los hechos objeto de ese procedimiento".
Sin embargo, en la causa principal, que se juzgó el pasado mes de noviembre, 16 años después de iniciarse la instrucción, solo se formuló acusación por parte de la Fiscalía por delitos continuados contra la Ordenación del Territorio. Por esos delitos fueron condenados tras ese juicio el promotor y el constructor de esas viviendas, Antonio Caro y Federico Echevarría, que eran socios de Brisa Inversiones junto al que entonces era responsable del Catastro en Arrecife, Francisco Carmona, que también estaba imputado y falleció durante la instrucción de la causa.
Ahora, la Fiscalía considera que "procede" abrir nuevas diligencias para investigar aquellas alteraciones catastrales, y la familia Murillo pretende que esa investigación alcance también a hechos más recientes, por ese cambio que detectaron hace unos meses en la vivienda de Ástrid Pérez, y que después "desapareció" al "eliminar" todas esas casas del Catastro.
"Dado que soy desde el siglo pasado el titular catastral del suelo urbano y del suelo rústico que ocupa la vivienda propiedad de la señora Ástrid Pérez, no alcanzo a entender cómo nuevamente se han podido alterar unas fincas catastrales de mi titularidad, sin comunicármelo la Gerencia del Catastro de Las Palmas y sin darme audiencia en el expediente administrativo", insiste Murillo en la ampliación de denuncia que ha dirigido al fiscal jefe.
