El grueso de la masa sindical canaria ha convocado una huelga general en el sector público, vinculada especialmente a los sectores de la Administración, la sanidad y la educación, para el próximo viernes 18 de diciembre, que afectará a unos 60.000 empleados de instituciones y organismos oficiales pertenecientes a la Comunidad Autónoma, por el recorte presupuestario previsto para 2010.
Según los sindicatos, las razones de esta convocatoria de huelga hay que buscarlas en el "recorte de servicios esenciales" que emana del descenso programado en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, que en este momento atraviesa su trámite parlamentario y cuyo debate final se iniciará el 16 de diciembre.
Así lo ha anunciado Intersindical Canaria en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la capital grancanaria, y en la que han exigido al Ejecutivo regional que retire el actual proyecto de Presupuestos, "en el que se incluye una reducción brutal de las partidas destinadas a los servicios sociales", según explicó Bernardo Díaz, portavoz de Intersindical. De no ser así, las centrales anuncian el inicio de un calendario de movilizaciones que podría desembocar en una huelga general de todos los sectores económicos de las islas en el primer semestre de 2010.
Los convocantes se mostraron muy satisfechos porque "hemos confluido todas las centrales en esta convocatoria", y por ello, "estamos seguros que el día 18 tendremos el apoyo de todos los trabajadores y la huelga será un éxito". Díaz destacó que "es tanta la crispación que existe en la calle", que este Gobierno "ha logrado que todos estemos de acuerdo".
Los sindicatos insistieron en que los recortes anunciados por el Gobierno están motivados "en el interés de desviar esos fondos para beneficiar a sus cuatro amigos", para lograr "una progresiva descapitalización y privatización de los servicios esenciales", señaló Fernando Pellicer, portavoz del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza. "Estamos asistiendo", señaló, "a una ofensiva feroz, sin precedentes contra los servicios públicos y sus trabajadores", que "no aceptamos".
En este sentido, las cifras hechas públicas por el Ejecutivo regional en el Parlamento canario sobre el coste de las bajas laborales en Educación, "denotan una ausencia total de inspección", afirmó Pellicer y "un fallo estrepitoso de gestión por parte de la Administración", apuntó Díaz. El consejero de Economía y Hacienda informó a la Cámara canaria que las bajas en Educación cuestan 228 millones de euros en cuatro años al erario público. Ante estos datos y lejos de hacer autocrítica, los sindicatos convocantes de la huelga del 18 de diciembre, insisten en pedirle a la Administración regional que "investigue e inspecciones".
"¿Cuántos expedientes se han abierto en estos años, si la situación es realmente como se dice?" se preguntó Bernardo Medina, quien también defendió la profesionalidad de los médicos de Canarias, "que no están firmando bajas fraudulentas". Existen unos protocolos de prevención de riesgos laborales que la Administración "no cumple", afirmó, y esto "provoca que los compañeros desempeñen sus funciones en situaciones difíciles que afectan a su salud".
ACN
