Arturo Escarda
Los residentes no comunitarios en Lanzarote no tienen derecho a descuentos en viajes. Así como suena. A pesar de que nuestros políticos se llenan la boca hablando de la igualdad en los derechos de los ciudadanos residentes en Canarias y en España, resulta que no siempre es así. No basta con la explotación de los inmigrantes ilegales ni con el tráfico humano que más tarde es auspiciado de forma indirecta por empresarios sin escrúpulos, dispuestos a ganar raudales de dinero aprovechandose de la situación de desamparo de aquellos que vienen en busca de una vida mejor.
Mucho se ha dicho sobre la conveniencia de legalizar a los inmigrantes. A menudo políticos de todos los colores se han amparado en su supuesto amor por el ser humano y por el respeto de los derechos de las personas para justificar la regularización de los sin papeles. Y no se puede discutir que en parte algunos de estos políticos y empresarios fueran realmente sinceros en sus intenciones.
Pero lo que con más probabilidad se antoja a los seguidores de este apasionante y traicionero mundo de la política como la verdadera razón de las sucesivas legalizaciones es el beneficio económico que obtiene el Estado de unos trabajadores que de otra forma no cotizarían a las Seguridad Social.
Sorprende a propios y extraños enterarse por boca de un montón de inmigrantes regularizados en la Isla que los residentes no comunitarios no tienen derecho al descuento del 38 por ciento en los desplazamientos entre islas o a la península. Lo mismo sucede en lo relativo al transporte marítimo. Y así, lo que distingue a los españoles de pleno derecho de aquellos que obtienen un permiso de residencia es su ciudadanía, su condición de ciudadano español.
Resulta paradójico que tras cientos de años de luchas en el continente europeo por el derecho de serciudadano, concepto acuñado en la Grecia clásica y exportado a Europa por los gloriosos revolucionarios franceses, pero no materializado en su plenitud hasta bien entrado el siglo XX, aún las propias leyes y preceptos legales que regulan la sociedad hagan una distinción entre ciudadanos y no ciudadanos. Y es que al igual que en la Grecia clásica, la democracia divide a las personas en ciudadanos y aquellos que no lo son. Y esto en pleno siglo XXI es algo que degrada la propia democracia y los valores en los que se escuda.
Raúl Alberto Castro lleva casi 20 años residiendo de forma legal en Lanzarote y se ha convertido en un verdadero símbolo en la lucha por equiparar los derechos de los residentes con los derechos de los españoles. Desde 1989 Castro está luchando por algo que considera, al igual que lo hará la mayoría de los ciudadanos, fundamental para una mínima equiparación entre todos los residentes en Canarias. Ya le conocen en todos lados y en todos los partidos políticos. LA VOZ se desplazó hasta su domicilio en Arrecife para que explicara a nuestros lectores el largo proceso de lucha que hace más de quince años está llevando a cabo. Castro demanda que se tenga en cuenta los impuestos que han de pagar los residentes, que al igual que todos aportan su grano de arena a las arcas del Estado, y ese grano no es más pequeño ni más insignificante que los demás. El dinero público es de todos, y si lo aportan todos, no se concibe que tan sólo los ciudadanos, en el sentido legal de la palabra, puedan beneficiarse de los descuentos por vivir en territorio no integrado en la península ibérica.
La ayuda para el tráfico aéreo, estipulada en un 38 por ciento de la cuantía del billete, corre a cargo de la Administración central del Estado, mientras que el descuento para el transporte marítimo es competencia de la Comunidad Autónoma.
Castro ha presentado cartas y peticiones a prácticamente todos los partidos de la Isla y a todos los representantes de Lanzarote en el engranaje administrativo del Estado. Desde Juan Pedro Hernández, el que fuera el senador por Lanzarote durante dos años, hasta la diputada socialista en el Parlamento de España, Olivia Cedrés, pasando por el senador socialista en la actualidad, Marcos Hernández.
Petición a Zapatero
Recuerda Castro que durante el mitin ofrecido por Zapatero en diciembre de 2003 en el multicines Atlántida, se le acercó para entregarle una carta pidiendo al que fuera el jefe de oposición que intercediera a favor de una histórica, pero desconocida por la mayoría, demanda de los inmigrantes residentes en Canarias.
Y aprovechando que estos días el que ya es presidente del Gobierno de España está de vacaciones en Lanzarote, Castro quiso hacer un llamamiento a Zapatero para que corrija una injusticia que afecta a todos los inmigrantes y piense en los votos potenciales de aquellos que algún día llegarán a ser ciudadanos. Incluso transmitió una carta a través del la Dirección General del Estado a la residencia de La Mareta. Un día de estos, ZP volverá a leer la carta del residente en Lanzarote, que no ciudadano español, y puede que se acuerde de la famosa Alianza de Civilizaciones y cómo se enmarca este hecho en una idea tan noble y esperanzadora.
