Los propietarios del Plan Parcial Playa Blanca, cuyo proyecto de urbanización fue anulado por el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Las Palmas, atendiendo así el recurso presentado por la Fundación César Manrique, han saltado a la palestra para emitir una nota de prensa en la que culpan al Cabildo de la situación y le exigen que "promueva de inmediato las medidas legales necesarias para restituir definitivamente la seguridad jurídica a los 450 vecinos y promotores del Plan Parcial".
Aunque fue la Justicia quien anuló el proyecto de urbanización del Plan, además de las licencias de varias promociones de viviendas, la Entidad Urbanística de Conservación de Plan Parcial Playa Blanca culpa de la situación al Cabildo, al que acusa de haber emprendido un "inexplicable conjunto de actuaciones discriminatorias y arbitrarias" que "han causado cuantiosos daños a 450 adquirentes de viviendas y a empresarios que han actuado correctamente". De hecho, pone en el mismo nivel a los vecinos que adquirieron casas en la zona y a los empresarios que se las vendieron, asegurando que ni unos ni otros conocían "la existencia de procedimiento alguno en relación con esas licencias", pese a que tanto el Cabildo como la Fundación César Manrique habían emprendido acciones legales.
Además, la Entidad Urbanística advierte que si el Cabildo no retira los procedimientos que continúan abiertos, "puede provocar consecuencias económicas más graves". En este sentido, advierte que emprenderán acciones legales contra el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote, a los que ya adelanta que reclamarán indemnizaciones por valor de unos 200 millones de euros, según la "primera estimación" que han realizado.
"Todas las inversiones, tanto en la adquisición de las parcelas del Plan Parcial Playa Blanca como en su posterior edificación y desarrollo urbanístico efectuadas, se hicieron conforme a licencias autorizadas por el Ayuntamiento de Yaiza", afirman los propietarios del suelo, remontándose a la etapa en la que José Francisco Reyes gobernaba en el sur y concedía licencias urbanísticas ocultándoselas al Cabildo insular, que posteriormente las fue recurriendo en los Tribunales.
Además, los propietarios agregan que "el Gobierno de Canarias consideró que el Plan no estaba afectado por las desclasificaciones de las Directrices, por lo que de no ser las licencias correctas, serán las Administraciones las responsables de regularizarlas y, si no fuera posible, deberán indemnizar a los promotores y compradores".
