Los propietarios de Alegranza y Montaña Clara no formarán parte del futuro Consorcio de gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. A pesar de haber tomado parte en las reuniones previas para
la conformación del futuro Consorcio, los titulares de los terrenos privados de estas dos islas han sido excluidos por decisión del Gobierno de Canarias, que sin embargo sí invitará a ese órgano a la
Administración del Estado como propietario de los terrenos de titularidad pública.
El Consorcio del Área de Gestión Integrada del Archipiélago Chinijo es una figura prevista desde el año 2000 en el texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de
Canarias. Se trata del organismo que absorberá las competencias de todas las administraciones públicas canarias relacionadas con la conservación de este Parque Natural, es decir, los ayuntamientos de
Haría y Teguise, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.
A instancias del Cabildo de Lanzarote, los propietarios de Alegranza y Montaña Clara, así como los vecinos de La Graciosa y las organizaciones ecologistas, habían sido invitados con voz y voto a las
reuniones previas a la constitución del Consorcio, igual que dos representantes de la Administración del Estado, que si bien no está obligada a pertenecer al Consorcio, había sido invitada como
propietario de terrenos y gestor conjunto de la Reserva Marina de Interés Pesquero.
Cambio de planes
Según fuentes próximas a los afectados, en la última reunión previa a la constitución del Consorcio, celebrada el pasado 5 de febrero, el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, decidió dejar fuera del Consorcio a los propietarios de Alegranza y Montaña Clara, después de
que un representante de la Administración del Estado planteara objeciones a la participación de los mismos. El consejero decidió sin embargo, mantener en el citado órgano al resto de propietarios de los
terrenos del Archipiélago Chinijo, mediante la participación de un representante permanente de los vecinos de La Graciosa y dos representantes del Estado. Los propietarios de Montaña Clara y
Alegranza ya han manifestado al consejero de Medio Ambiente su disconformidad por la decisión de excluirles del Consorcio.
Con la presencia de los propietarios, el futuro órgano de gestión del Archipiélago Chinijo podría haber servido para evitar conflictos jurídicos entre las administraciones públicas canarias y la propiedad
privada. Desde hace años, los dueños de los terrenos privados mantienen diversos litigios con el Gobierno de Canarias relacionados con la ordenación territorial de ambas islas y su protección ambiental.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió el planeamiento de la isla de Alegranza al considerar ilegal que se hubiera establecido en función de la titularidad de los terrenos, siendo mucho más restrictivo en los usos para el suelo privado (cerca del 85 por ciento de la Isla) que para el suelo propiedad de la Administración estatal.
ACN Press
