La queja del vecino de Las Caletas José Díaz ha llegado a oídos de la Unión Europea. Díaz remitió su queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo por el derribo de su vivienda en esta zona del litoral, que considera ilegal. Esa comisión ha admitido a trámite su queja, en la que Díaz pide ser indemnizado, y decidirá ahora si su queja afecta la legislación europea o exclusivamente a la nacional.
"Me cansé de escribir a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ni caso", señala Díaz. Fue precisamente la Autoridad Portuaria el organismo que, en febrero de 2014, tiró su casa abajo. Este vecino había adquirido una vivienda frente al mar en la zona de Las Caletas, en 1997. Se la compró a la Caja de Ahorros, lo que actualmente es Bankia. Desde que comenzara su lucha, Díaz ha incidido en que esta vivienda estaba inscrita ya en el Registro de la Propiedad cuando la adquirió. Sin embargo, cuando años más tarde la Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzó un expediente de recuperación posesoria del dominio público portuario, consideró que su casa se encontraba dentro de ese dominio público y terminó por derribarla.
Además de recalcar que su casa estaba registrada antes de que se decidiese el deslinde, José Díaz considera que el deslinde que llevó a cabo la Autoridad Portuaria es "ilegal". Ante esta situación, recurrió a campañas de firmas para remitírselas al presidente de Bankia e incluso a los tribunales. Finalmente se puso en contacto con la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que fue quien le asesoró para llevar su queja hasta Bruselas. "Me fui a Europa y a los dos meses me contestan", explica.
Reclama 50.000 euros de indemnización
En su queja este vecino solicita que se le indemnice por el derribo de su casa, por el que nunca ha recibido nada. "Parto de 50.000 euros, negociables, está claro. Ya les he escrito a la Autoridad Portuaria y a Bankia que yo estoy dispuesto a negociarlo, pero tenemos que sentarnos y hablarlo", indica.
Ahora, según la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha trasladado a José la Comisión tardará "un mes o mes y medio" en responder. Decidirán si su caso afecta o no a las directivas y normativas de la UE para actuar al respecto, aunque el hecho de que la Ley española de Costas se haya englobado recientemente en la Directiva marco del agua podría jugar a favor de José. Él se muestra dispuesto a negociar la indemnización, "pero lo que no puedo permitir es que me hagan esta injusticia", sentencia.
