La presidenta y consejera delegada mancomunada de la mercantil Hotel Princesa S.L., Rosa María Rosa Martín, se ha sumado a la lista de imputados en la causa de la bodega Stratvs, que alcanza ya casi la veintena. La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5, Silvia Muñoz, ha acordado citarla a declarar el próximo 24 de febrero, para que responda por un presunto delito de estafa en grado de tentativa.
En un auto fechado el pasado 11 de febrero, la juez adopta esta medida atendiendo a la solicitud formulada por el fiscal, Ignacio Stampa, que pidió la imputación de la presidenta y consejera delegada y la citación como testigos de todos los miembros del Consejo de Administración de Hotel Princesa Yaiza S.L. durante el año 2012.
Esta petición surge de uno de los muchos delitos que se investigan en torno a esta bodega, relacionado con una presunta estafa en grado de tentativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Según la investigación, el hotel Princesa Yaiza mantenía una deuda con Hacienda, por una inspección tributaria que se realizó en 2011, y para evitar el pago presentó como garantía de la deuda una hipoteca sobre la finca registral 9606, perteneciente a otra sociedad familiar, BTL Lanzarote (antigua "Juan Francisco Rosa e Hijos S.L."), donde supuestamente se ubicaba la bodega Stratvs.
Sin embargo, uno de los datos que esta causa penal ha puesto sobre la mesa es que la bodega ni siquiera se encuentra realmente en esa parcela, que prácticamente carece de valor al tratarse de suelo rústico. En el marco de esta causa penal, la propia Agencia Tributaria ha remitido un informe al Juzgado en el que sostiene que Juan Francisco Rosa intentó de forma consciente engañar a Hacienda con esta operación, ofreciendo como garantía una parcela con un valor que nada tenía que ver con el declarado.
Mandamiento al Registro Mercantil
Juan Francisco Rosa (que es propietario y consejero delegado de BTL, y uno de los principales dueños del Princesa Yaiza) era hasta ahora el único imputado por este delito, pero a él se ha sumado el nombre de Rosa María Rosa Martín, que en ese momento figuraba como máxima responsable de la sociedad del hotel y ha ocupado cargos relevantes en varias empresas familiares.
Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía, la juez ha pedido también que se expida un mandamiento al Registro Mercantil para que identifique a todas las personas que formaron parte del Consejo de Administración de la mercantil Princesa Yaiza en el año en el que se realizó esa operación, 2012, y que se "certifique en qué acuerdo del Consejo de Administración se adoptó el ofrecimiento y constitución de hipoteca unilateral por BTL Lanzarote SL en garantía de la deuda de la entidad Hotel Princesa Yaiza S.A. con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o expida certificación negativa de no existir".
Además, solicita que se expida "copia del acta notarial que recoge la reunión del Consejo de Administración de la entidad Hotel Princesa Yaiza S.A. celebrada en Yaiza el día 11 de diciembre de 2013".
"Indicios racionales de criminalidad"
En el auto en el que ordenó el cierre de la bodega, el pasado 20 de diciembre, la juez señalaba que hay "indicios racionales de criminalidad" y de que Stratvs funcionaba "en ejercicio de una actividad delictiva, cuya actividad es carente de cualquier tipo de autorización, careciendo de actividad y control alguno desde el punto de vista administrativo y sanitario", incluyendo presuntos vertidos ilegales de aguas residuales y la consecuente contaminación, sobre la que alertaban varios informes desde hace años, sin que las instituciones implicadas actuaran al respecto.
Pero además, entre otras cosas, la juez advertía también de la "reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella, cuando no se ajusta a la realidad". De hecho, según el auto, Stratvs asienta realmente en otra finca, sobre la que Juan Francisco Rosa "no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad".
Este hecho fue puesto de relieve a raíz de la denuncia presentada por un integrante de la familia Negrín, que se ha personado como perjudicado en la causa. Según la investigación, esta familia era propietaria de una parte del suelo donde se levantó Stratvs, por lo que Rosa está imputado también por un delito de usurpación, además de otros de estafa, falsedad y delitos contra el Medio Ambiente, contra la Ordenación del Territorio y contra el Patrimonio Histórico.
"La realidad supera la ficción, en el sentido de que es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años", en los que "incesantemente se ha estado falseando la documentación", señaló el fiscal en la comparecencia en la que se pidió el cierre de la bodega.
Simulación de identidad y falsedad de datos catastrales
"A modo ejemplificativo y sin ánimo de ser exhaustivos", señalaba la juez en el auto en el que ordenó el cierre, "podemos citar la reiterada simulación de la identidad real del promotor, la falseada aportación de los datos de la parcela catastral, las certificaciones de obras conforme a proyecto en contra de la realidad, los cambios en las titularidades catastrales, la fraudulenta alteración de los linderos, la reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella cuando no se ajusta a la realidad, y otras cuyo torticero proceder apuntan que habría plena conciencia de que las obras y las actividades eran y son incompatibles con el suelo afectado".
Incluso, según sostiene la juez, "se ha venido pretendiendo crear la apariencia de que Rosa Marrero, a través de sus empresas, es propietario del suelo en el que llevó a cabo la construcción, circunstancia que es particularmente relevante en el presente caso, no sólo porque existen titulares legítimos que se han personado como perjudicados, sino porque (Juan Francisco Rosa) no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral" en la que se asienta la bodega.
Además de Juan Francisco Rosa y la propia sociedad BTL, propietaria de la bodega, en la causa están imputadas ya otras 17 personas. Entre ellas se encuentra el arquitecto que diseñó Stratvs y distintos políticos y técnicos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote que ampararon o permitieron estas obras. Según la causa, Stratvs recibió licencias ilegales, pero además lo construido no se parece en nada a lo que realmente se había autorizado.
