FOTOS: Cedidas por PAH Lanzarote
Una quincena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Lanzarote se concentró este jueves frente a los Juzgados de Arrecife. Con esta iniciativa, el colectivo defendía el "derecho a una vivienda digna" y mostraba a su vez su "apoyo" a sus compañeros en Madrid, que este jueves, viernes y sábado celebran, ante el Tribunal Supremo, unas jornadas con las que pretenden "rendir homenaje a las víctimas de la crisis" y reivindicar una serie de cambios en materia de vivienda a nivel nacional.
Portando carteles de "Stop Desahucios" y "Sin justicia no hay derechos", con su concentración las miembros de la PAH de Lanzarote se han adherido a esas reivindicaciones que hace el colectivo ante el Tribunal Supremo. Entre ellas, destacan la "paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna", la "aplicación efectiva" de la normativa que obliga a eliminar las "cláusulas abusivas" de los contratos y la "absolución" de todos los detenidos o multados durante movilizaciones en contra de los desahucios.
A través de un comunicado, la Plataforma explica el contexto del que parten sus reivindicaciones, y del que responsabiliza también a los poderes públicos, a los que acusa de tener una "conducta antisocial". El colectivo critica que desde que "colapsó" la burbuja inmobiliaria al inicio de la crisis en 2008, "por medio de la fuerza, se ha expulsado de su hogar a ciudadanos de a pie, familias completas, sin importar la edad, la presencia de niños y niñas, mayores y dependientes". "Se han generado deudas perpetuas y condenado a la ‘muerte civil’ a personas cuyo único afán había sido contar con un techo digno y trabajar para pagarlo. En los últimos ocho años se cuentan más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, con el resultado de al menos 200.000 expulsiones de la vivienda habitual", lamentan.
Paralización de desahucios y anulación de procesos sin derecho a la defensa
En este contexto, el colectivo, en el que señala que muchos ciudadanos han encontrado un "punto de apoyo" en un "panorama de sufrimiento y dolor que llega a costar vidas humanas", hace una serie de reivindicaciones a la justicia. Reclama, además de la "paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna", la "aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las cláusulas abusivas de los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos". "En consecuencia, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales", defienden.
Asimismo, piden que "se investiguen y juzguen las actividades presuntamente delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, y se depuren judicialmente las responsabilidades políticas" y que se promueva la "despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad" y la "tipificación del delito de usura".
Como quinto punto, solicitan que se investigue la venta de viviendas sociales a los denominados fondos buitre y "proteger a las víctimas de sus desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado". Por último, exigen la "absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos".
Rescates a "especuladores" en un contexto de "crisis humanitaria"
"En España las entidades financieras y los especuladores crearon durante años las condiciones para la generación de una burbuja inmobiliaria por la que una mayoría de la población se endeudó por décadas para acceder a una vivienda. En 2008, el sistema económico asociado a esta burbuja colapsó, y su resultado directo fue el desempleo masivo y la degradación de las condiciones de vida de la población. Desde entonces, las entidades financieras han ejecutado cientos de miles de procedimientos judiciales, de dudosa legalidad, contra las víctimas de la burbuja", señala la Plataforma en su comunicado.
"En este contexto de crisis humanitaria, los poderes públicos acudieron al rescate de los especuladores, especialmente las cajas de ahorro, aportando más de 53.000 millones de euros de fondos públicos. Al mismo tiempo, acometieron recortes sociales, bajaron los salarios, congelaron las pensiones, perdonaron la evasión fiscal, bloquearon el procesamiento de los responsables de la burbuja y se negaron a aprobar una iniciativa popular que recogió un millón y medio de firmas por la paralización de los desahucios", recuerdan.
Conducta "antisocial" y "violación" de derechos fundamentales
Para la PAH, la conducta "antisocial" de los poderes públicos ha llegado al punto de "boicotear" las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaban a España, "por mantener vivo un procedimiento de ejecuciones y desahucios inhumano". Aluden en este sentido a la sentencia del caso Aziz, de 14 de marzo de 2013, que "declaró que los procedimientos para cobrar deudas hipotecarias vulneraban derechos fundamentales, impedían la defensa, y permitían el abuso bancario masivo".
"Aun así, las autoridades responsables de frenar esta injusticia han hecho todo lo posible por proteger los intereses del poder financiero. En particular, el Tribunal Supremo mantiene a día de hoy que "las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores" (Sentencia de 23 de diciembre de 2015), o que "las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero" (Sentencia de 9 de mayo de 2013)", reprocha el colectivo.
Así, la PAH afirma en ese comunicado que "la lista de actos de violación de Derechos Fundamentales por parte de los poderes financieros y sus cómplices en el poder político incluye la estafa de las preferentes, la venta a fondos buitre de viviendas sociales, la convivencia pacífica con decenas de desahucios diarios, las puertas giratorias, la Ley Mordaza, las tasas judiciales, la criminalización de familias sin recursos que recuperan viviendas de bancos para dormir bajo techo, la reforma del artículo 135 de la Constitución, las tarjetas Black y la corrupción crónica".
"Sin embargo, la letra y el sentido de muchas leyes sigue apelando a una idea de justicia que defienda al débil, castigue al culpable y, –tal y como establece el Preámbulo de la Constitución, garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo en el que se proteja el ejercicio de los derechos humanos", recuerda la Plataforma. Señala, además, que "por encima de ello, contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de cumplimiento obligatorio, que reconoce el derecho a una vivienda y a unas condiciones de vida dignas".
