La investigación va tras los promotores que presuntamente pagaron por obtener licencias ilegales, y ya hay nuevos imputados

La Justicia mira ya hacia los empresarios tras el ingreso en prisión de José Francisco Reyes

La investigación va tras los promotores que presuntamente pagaron por obtener licencias ilegales, y ya hay nuevos imputados

10 de octubre de 2009 (22:15 CET)
La Justicia mira ya hacia los empresarios tras el ingreso en prisión de José Francisco Reyes
La Justicia mira ya hacia los empresarios tras el ingreso en prisión de José Francisco Reyes

El ex alcalde de Yaiza y vicepresidente del PNL, José Francisco Reyes, ingresó en la cárcel de Tahíche el pasado domingo por orden de la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, pero éste es sólo el primer paso de los que podrían avecinarse en las próximas semanas.

Una vez obtenidos indicios suficientes de que el ex alcalde sureño recibió presuntamente beneficios económicos por conceder decenas de licencias ilegales, la investigación va ahora más allá, en busca de los empresarios que supuestamente pagaron para obtener esos permisos que no se ajustaban a la ley.

De momento, desde los juzgados ya han empezado a salir nuevas citaciones para testigos y también para nuevos imputados, cuyos nombres no han trascendido aún. Y es que la máxima discreción del Juzgado y la Fiscalía está marcando esta nueva fase de la investigación judicial, en la que ni siquiera se confirmó oficialmente la detención de Reyes y su familia ni su posterior ingreso en prisión.

Las nuevas citaciones llegan tras la declaración que prestó Reyes el pasado domingo ante la jueza, después de ser detenido junto a su mujer y tres de sus hijos, y de pasar cuatro días privado de libertad e incomunicado en dependencias policiales.

En su comparecencia ante la jueza María Dolores García Benítez y el fiscal Ignacio Stampa, el ex alcalde se habría tenido que enfrentar a los datos recabados contra él durante más de tres años de investigación, y especialmente al informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco), que hace dos años recibió luz verde del Juzgado para rastrear el patrimonio de Reyes y de su entorno.

Y tras tener que responder por documentos que probarían que en los últimos años él y su familia han gastado cientos de miles de euros cuyo origen no tendría justificación, y que procederían de actividades presuntamente delictivas vinculadas a la corrupción urbanística, el ex alcalde sureño podría haber decidido empezar a hablar, revelando algunos datos o algunos nombres.

En definitiva, sería un posible intento de facilitar su difícil situación o la de su familia, que también se ha visto arrastrada en esta causa, con la imputación de su mujer y tres de sus hijos por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

Benefactor y beneficiarios

"Si alguien cobró por entregar licencias ilegales, alguien pagó por obtenerlas". Ésa es la básica premisa que ha dado pie a las nuevas líneas de investigación, y en las que se centran ahora los esfuerzos.

Y la vista está puesta en los beneficiarios de unas 30 licencias de obras y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, en las que se centra esta causa, que han pasado a estar bajo sospecha de corrupción. En total, 10.000 nuevas camas turísticas para hoteles y apartamentos que se autorizaron en el sur de la isla, yendo contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y hasta de los propios informes de los técnicos del Ayuntamiento. Algunas, incluso, se llegaron a conceder el mismo día en que fueron solicitadas.

Por eso, el primer objetivo era intentar demostrar que José Francisco Reyes no se limitó a conceder esas licencias ilegales por que sí, sino a cambio de algo.

La "trama"

Hasta ahora, en la causa estaban imputados el abogado Felipe Fernández Camero, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y Pablo Carrasco Cabrera, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, además del propio Reyes.

Los tres primeros, están acusados de presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho, mientras que sobre el ex alcalde pesan además cargos de malversación de fondos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El Ministerio Fiscal consideraba que todos ellos formaban parte de una trama que desde la autoridad de la Alcaldía, el asesoramiento técnico y el derecho, con el nexo como abogado de Fernández Camero entre el Ayuntamiento y los promotores, organizaban la concesión de licencias ilegales, presuntamente a cambio de dinero.

Y una vez que la investigación ha arrojado indicios suficientes para tratar de demostrar ese extremo, la lista de implicados podría seguir creciendo, en función de las posibles nuevas declaraciones del propio Reyes y de las pruebas que se sigan encontrando. La operación entra en su fase definitiva.

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