El ex alcalde de Yaiza y vicepresidente del PNL, José Francisco Reyes, ha ingresado en el centro penitenciario de Tahiche por orden de la magistrada del Juzgado de Instrucción Numero 2 de Arrecife, que instruye la causa por la presunta trama para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca.
Tras tomarle declaración este domingo durante varias horas, cuatro días después de su detención, la jueza ha decretado prisión provisional para Reyes, al que le imputa presuntos delitos de cohecho (sobornos), malversación de fondos, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Su mujer, Antonia Torres, cuya detención había sido prorrogada, ha salido este domingo en libertad con cargos. La misma situación en la que ya habían quedado sus tres hijos, dos de ellos puestos en libertad este sábado. Todos ellos están acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Al igual que sucediera este sábado, durante la jornada también han estado a las puertas de los Juzgados de Arrecife más de una decena de familiares y amigos, que sobre las 18:30 han arropado a la mujer de Reyes, que ha pasado cuatro días detenida en dependencias policiales.
Tres años de investigación
La causa que instruye la magistrada María Dolores García Benítez lleva abierta más de tres años y en ella estaban imputados hasta ahora, además de José Francisco Reyes, el abogado Felipe Fernández Camero, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y Pablo Carrasco Cabrera, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza.
El Ministerio Fiscal consideraba que todos ellos formaban parte de una trama dedicada a la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En el marco de esta investigación, la jueza autorizó hace dos años que una unidad policial contra el crimen organizado (la Udyco) rastreara el patrimonio del ex alcalde de Yaiza y de su entorno, en busca de pruebas que demostraran que pudo recibir beneficios económicos al entregar esas licencias ilegales. Y pese a los intentos de su defensa, Reyes no logró evitar que se llevara a cabo esa investigación, que el pasado miércoles dio lugar a su detención, a la de su mujer y a la de tres de sus hijos, tras un registro en varias de las propiedades de la familia, incluyendo el yate y el domicilio de Reyes.
Con el informe de la Udyco y esta intervención policial, se da un paso más al intentar demostrar que el patrimonio de Reyes y de sus hijos, que llegaron a tener empresas a su nombre con poco más de 18 años, procedería del dinero que presuntamente habría recibido el ex alcalde por otorgar esas licencias ilegales.
En busca de la motivación
Desde su origen, esta investigación trataba de llegar al fondo de los motivos que llevaron al ex alcalde de Yaiza a conceder más de 30 licencias de obras y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, que han pasado a estar bajo sospecha de corrupción.
Y es que Reyes autorizó alrededor de 10.000 nuevas camas turísticas para hoteles y apartamentos en el sur de la isla, yendo contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y hasta de los propios informes de los técnicos del Ayuntamiento.
Los expedientes municipales de concesión de licencias ilegales constatan los hechos y circunstancias absolutamente irregulares que rodearon la concesión de los permisos. Muchos de ellos los otorgó Reyes el mismo día en que le fueron solicitadas las licencias, a pesar de que tenían informes negativos de los técnicos del propio Ayuntamiento y carecían del informe preceptivo y vinculante del Cabildo. Otros, consistieron en la emisión de certificados de obtención de licencias ilegales por silencio que tenían informes negativos municipales o en la concesión de prórrogas fraudulentas.
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