DECENAS DE INFORMES ADVIRTIERON DURANTE AÑOS DE LA SITUACIÓN

La juez reprocha a las administraciones públicas implicadas su "alarmante inactividad" con Stratvs

Informes técnicos advirtieron durante años de las infracciones urbanísticas y hasta de la contaminación del suelo, pero no se actuó....

"La falta de decisiones es total. Su deber de vigilancia y control durante todos estos años ha sido nulo por inexistencia absolutamente, incluso después de tener pleno conocimiento de los hechos, aunque sólo fuese por el presente procedimiento, en el que están imputados funcionarios y autoridades de todas las administraciones implicadas: Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias". 

Éste es uno de los fragmentos del contundente auto de la juez del Juzgado Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, en el que ordena el cierre de la bodega Stratvs pero, además, hace duros reproches a las instituciones que debieron velar por la legalidad. La juez llega a decir que la "inactividad" que han mostrado las administraciones públicas en este caso es "alarmante".

Con estas afirmaciones, la juez se refiere a lo sucedido en los últimos 15 años y hasta este mismo viernes, cuando ha sido la Justicia la que ha tenido que cerrar la bodega y todas sus instalaciones anexas. Y todo ello, pese a que en las distintas administraciones constan informes desde hace una década, en los que se advierte de las distintas irregularidades e incluso de la contaminación que se estaba produciendo con las aguas residuales. Y también pese a que lo que se construyó, no tenía nada que ver con lo que se había autorizado.

De hecho, uno de los primeros aspectos que subraya el auto es que en el propio expediente municipal sobre la solicitud de licencia de actividad, ya "se pusieron de manifiesto las irregularidades de las instalaciones de Stratvs".  "Se conocía sobradamente que lo que se construía ni estaba autorizado ni sería autorizable", señala la juez.

Pero al margen de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, por el derribo de una construcción que en teoría se iba a rehabilitar, la administración también era consciente desde hace más de siete años de un posible delito contra el medio ambiente, por el vertido de aguas residuales contaminantes al suelo protegido de La Geria.

 

Un informe lo advirtió, pero nunca se volvió a vigilar


Respecto a las aguas residuales, la juez señala que una técnico del área de Sanidad de la Dirección General de Salud Pública emitió varios informes entre los años 2006 y 2008 advirtiendo de que "las instalaciones no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales".

Incluso, Salud Pública se dirigió en agosto de 2008 al Ayuntamiento de Yaiza, señalando que llevaban desde 2006 reclamando un informe técnico al Consistorio sobre la fosa séptica y pozo filtrante para vertido de aguas residuales industriales, sin que se hubiera emitido hasta ese momento. Además, cita varios informes más, incluyendo uno de diciembre de 2008, "previo a que se conceda la licencia del Ayuntamiento, que también es negativo".

Cuando por fin Juan Francisco Rosa presentó una solicitud de autorización para el sistema de tratamiento de aguas residuales (meses después de haber inaugurado Stratvs), el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, realizó una toma de muestras, el 16 de octubre de 2008. Y en su informe, el jefe de sección advirtió de que "las aguas de ambas fosas desaguan a un pozo de drenaje, desde donde se infiltra en el terreno"; que "los resultados de las analíticas dieron unas cifras indicadoras de un alto grado de contaminación" y que "los parámetros obtenidos del agua resultante producto del sistema de depuración sobrepasan de manera notable los límites establecidos".

Pese a todo ello, en noviembre de 2008 se le dio una "autorización provisional por seis meses, sin posibilidad de prórroga, y siempre que se garantice la calidad de las aguas mediante analíticas periódicas mensuales, siendo revocada dicha autorización si se incumpliera la misma". Desde entonces, no consta que se volviera a hacer un solo control por parte del Consejo Insular de Aguas. Ni se volvieron a tomar muestras, ni se hizo nada cuando caducó esa autorización provisional.

Según consta en el sumario de la causa, y recoge la juez en el auto, lo único que hay son tres analíticas aportadas entre febrero y junio de 2009 por el propio Juan Francisco Rosa, "en las que no se conoce ni quién, ni dónde ni con qué garantías fiables se toman las muestras".

Después, "no consta ninguna autorización más" y la juez concluye que "no hay autorización alguna para los vertidos que se vienen efectuando y no consta que el Consejo Insular de Aguas haya mostrado la más mínima preocupación al respecto, al no constar controles, inspecciones o actuación alguna".

 

"Flagrante inactividad del Ayuntamiento de Yaiza"


En su auto, la juez recuerda que hay técnicos y políticos imputados por los permisos que se concedieron en su día a la bodega (a los que luego ni siquiera se ajustó el promotor, ya que hizo algo totalmente distinto a lo proyectado), pero también advierte de que "la inactividad de cualquier medio de control o intervención desde el punto de vista administrativo, pese a tener conocimiento de la situación del complejo Stratvs es tal, que se plantea la posible comisión delictiva por parte de quienes con conocimiento, tuvieron obligación legal de actuar".

Al respecto, recuerda que cuando la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, fue llamada a declarar como imputada en la causa, el pasado 12 de julio, se le preguntó si iba a adoptar medidas, dado que al menos por la instrucción de la causa ya había tenido conocimiento de los hechos. Su respuesta fue afirmativa pero casi 20 días después, el Juzgado tuvo que dirigirse al Ayuntamiento a través de una providencia, para que manifestara qué medidas se habían adoptado, "conociendo la carencia de licencias".

Finalmente, el pasado 9 de septiembre, el Ayuntamiento ordenó el cierre sólo del restaurante, y a día de hoy mantiene abierto un expediente sobre el resto de la instalación. A finales de octubre, Gladys Acuña confirmó a La Voz que se había propuesto el cierre y estaban pendientes de las posibles alegaciones y de darles respuesta, pero hasta día de hoy siguen sin cerrar ese expediente, alegando falta de personal.

Así, además de los hechos que ya se imputan a la alcaldesa, al ex alcalde José Francisco Reyes y a otros ediles y técnicos de Yaiza, la juez reprocha la "aún actual y flagrante inactividad del Ayuntamiento y del Consejo Insular de Aguas y su patente dejadez en el cumplimiento de sus funciones".

A continuación, reproduce uno de los argumentos de la defensa de Juan Francisco Rosa, que para intentar evitar que se acordara la medida cautelar del cierre, alegó que "la propia alcaldesa ha oficiado ceremonias civiles" en las instalaciones de Stratvs.

 

Actividades varias y con publicidad


El auto recuerda también que la bodega venía realizando "actividades varias", como "fiestas temáticas, talleres, conciertos, cine de verano, brunch, exposición de pintura, noches astronómicas, conferencias o desfiles de moderes, entre otras", como recoge el Seprona y como puede verse "en numerosa publicidad en distintos medios de comunicación", pese a que carecía de permisos.

"Resulta que de manera ostentosa a la vista y paciencia de las diversas administraciones, y fuera de todo control administrativo, se realizan actividades sin existir los permisos y licencias preceptivos, con el consiguiente perjuicio al medio ambiente y al patrimonio ecológico e histórico, valores que se encuentran especialmente protegidos en la zona de La Geria", insiste la juez.

Y todo ello, sumando a que "los términos iniciales de la licencia no fueron respetados" y "así, amparándose en el mantenimiento tradicional de la actividad vitivinícola de la zona, se ha terminado efectuando la construcción que abarca un complejo con tienda-museo-degustación, sala de proyecciones, restaurante El Aljibe del Obispo, terraza Las Barricas y aparcamiento que supera de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado, ante los ojos de las instituciones públicas que, pese a su conocimiento, omitieron control alguno".

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