La juez que instruye actualmente el caso "Unión", María Jesús Hernández Elvira, ha decidido el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra el arquitecto Carlos Morales, que estaba imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de su vivienda en Puerto Calero.
Así, esta pieza separada del caso "Unión" continuará con un solo imputado, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que está acusado de un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de esa licencia.
En su auto, contra el que cabe recurso, la juez dispone que se sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, Así, da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura del juicio oral, presentando el escrito de acusación contra Reyes.
Si la Fiscalía no recurre el auto de la juez, fechado este lunes 4 de marzo, el marido de Alexia de Grecia, Carlos Morales, quedará fuera de esta pieza del caso "Unión". Sin embargo, la magistrada también ordena que se remitan las diligencias a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que incoe un expediente sancionador contra Morales, al entender que sí ha habido "infracciones urbanísticas", que podrían llevar a la "demolición de lo ilegalmente construido".
Entre el delito y la infracción administrativa
En su auto, la juez argumenta el archivo del procedimiento penal contra Carlos Morales, detallando el límite que separa una infracción administrativa de un delito. En este sentido, señala que "no hay duda de la ilegalidad de la construcción" realizada por Morales, pero agrega que las obras "no reúnen los presupuestos de tipicidad exigidos por el tipo penal" por el que estaba imputado.
"El Código Penal únicamente castiga la ejecución de obras de edificación en suelo no urbanizable y las obras ejecutadas, siendo claramente ilegales, se realizan en un suelo que tiene la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado", señala la juez.
El auto hace referencia a la declaración que realizó el redactor del nuevo Plan General de Yaiza, Jorge Coderch, que fue citado en calidad de testigo en esta causa. En los Juzgados, Coderch defendió que "la pieza de suelo en cuestión carece de valor alguno a proteger" y restó importancia a un informe emitido por el Gobierno de Canarias. Cabe recordar que el nuevo Plan de Yaiza, pendiente de aprobación, recalifica la parcela y autoriza la construcción.
Por su parte, otro técnico del Gobierno de Canarias, Jesús Luna Ferrer, declaró que "la situación jurídica del terreno es compleja". Y es que el antiguo Plan General dejó ese suelo como "reserva urbana", aunque en el posterior planeamiento insular se contempla como "rústico de protección territorial".
En cualquier caso, la juez insiste en que para ser sancionada penalmente, no basta con que la construcción sea ilegal, sino que debe estar "en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan, legal o administrativamente, reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural".
Por eso, considera que es en la vía administrativa donde debe producirse la sanción, y ordena dar traslado de los hechos a la Apmun, para que "proceda a incoar procedimiento sancionador, tendente a la restauración del orden jurídico infringido".
Reyes actuó "obviando las normas más elementales"
En cuanto a José Francisco Reyes, la juez si considera que incurrió en un presunto delito de prevaricación como alcalde de Yaiza, al conceder las licencias para esa obra a sabiendas de que no podía hacerlo. De hecho, en este caso había informes técnicos negativos y, pese a todo, Reyes concedió las licencia sobre el proyecto básico y sobre el proyecto de ejecución.
Según el auto, "consta acreditado" que José Francisco Reyes actuó "obviando las más elementales normas procedimentales administrativas", "vulnerando las mas básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable" y "prescindiendo de los trámites esenciales en el otorgamiento de las licencias urbanísticas", al "no contar con los informes jurídicos previos exigidos", "ni con el informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con el PIOT a emitir por el Cabildo de Lanzarote".
En cuanto a la otra imputación que pesaba sobre Carlos Morales, por presunta inducción a la prevaricación del ex alcalde, la juez también considera que no ha quedado acreditada. En este sentido, señala que aunque Reyes "no debió dictar el decreto de autorización", Morales cumplió con los "trámites administrativos pertinentes" para solicitar la licencia.
