La instrucción del caso Montecarlo, que ha cambiado varias veces de juez desde su inicio, se ha reactivado en las últimas semanas. Tanto el Ayuntamiento de Arrecife como el de San Bartolomé han recibido nuevas solicitudes de documentación por parte del Juzgado, ahora a cargo del magistrado Ricardo Fiestras Gil, que continúa investigando la presunta malversación de cientos de miles de euros desde estos dos consistorios.
Además, mientras se abren nuevos frentes en la investigación, la Fiscalía pidió también el archivo de una de las cinco piezas que se separaron de esta causa. Concretamente, la relativa a los pagos que recibió la empresa Gesineal del Ayuntamiento de Arrecife. Fue el fiscal Ignacio Stampa quien interesó "el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo" de esta pieza y el Juzgado dictó un auto el pasado 3 de septiembre acordando esa medida.
Esto supone el archivo de varias imputaciones, aunque todos los afectados siguen investigados (e imputados) en el resto de piezas abiertas. Fue precisamente la coincidencia en los nombres (de quienes cobraban y de quienes autorizaban los pagos) lo que llevó a investigar las facturas abonadas a Gesineal.
Uno de los socios de esta empresa, Javier Betancort, está imputado en la pieza que dio origen a esta causa, por pagos desde el Ayuntamiento de Arrecife por servicios presuntamente no realizados. En ese caso, que se continúa investigando, los supuestos trabajos se realizaban a través de la empresa de uno de los principales acusados, José Vicente Montesinos, para el que trabajó Betancort tras ser concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Tanto Montesinos, que se encargaba de la recaudación de tributos en ese Consistorio, como Betancort, están también imputados en la pieza de San Bartolomé, en la que se investigan presuntos delitos de malversación, entre otros, vinculados a ese servicio de recaudación.
Devolvieron el importe de una factura tras iniciarse la investigación
En el caso de Gesineal, los pagos que se investigaban eran de menor cuantía, siendo el mayor de 4.200 euros. "Una vez analizada la documentación remitida por el Ayuntamiento, así como las declaraciones judiciales prestadas, no puede sostenerse la presente causa penal, al no existir indicios de criminalidad sólidos", sostiene en su escrito la Fiscalía con respecto a esta pieza.
Uno de los motivos que llevó a investigar a esta empresa es que incluso llegaron a cobrar la misma factura dos veces. Sin embargo, el importe de esa factura se terminó devolviendo al Ayuntamiento, aunque fue después de que se hubiera iniciado esta investigación y se hubiera requerido ya documentación. En todos los casos, los pagos correspondían a la elaboración de pliegos para adjudicar servicios como la gestión de la escuela infantil, la retirada y desguace de vehículos o la instalación y mantenimiento de marquesinas y soportes de información, entre los años 2010 y 2011.
"Sin perjuicio de la suspicacia que dimana de la aparente falta de necesidad de asumir un gasto por tales servicios, cuyo importe máximo es de 4.200 euros, de la coincidencia de algunas de las personas investigadas con otros hechos que sí reúnen indicios fundados de criminalidad en otros procedimientos relacionados con la denuncia inicial, y de que por la entidad Gesineal SL se descubra un descuadre contable en sus cuentas sólo cuando se requiere desde la Fiscalía la documentación sobre sus trabajos prestados al Ayuntamiento, y de que sea entonces cuando se reintegra a las arcas municipales el importe de 4.200 euros doblemente cobrados por un mismo servicio a través de dos facturas de distinta fecha, es lo cierto que los servicios fueron encomendados, que incluso se informaron algunos de ellos por funcionarios municipales (como en el caso del Jefe de la Policía Local), y que aparentemente fueron prestados conforme a los solicitado", sostiene la Fiscalía.
Así, pese a subrayar las "suspicacias" que despiertan esos pagos, incluyendo si realmente existía la necesidad de esa contratación, el fiscal concluye que no se puede hablar de contratación irregular, porque el Ayuntamiento se acogió al procedimiento de "adjudicación directa o contrato menor"; que a diferencia de lo que ocurre en los pagos a las otras empresas investigadas, sí constan acreditados los trámites legales; y que el pago por duplicado de la misma factura fue subsanado, aunque fuera cuando ya eran conscientes de la investigación de la Fiscalía.
"Indicios fundados de criminalidad"
En esta pieza que ha sido archivada estaban imputados el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz; el actual alcalde y ex concejal de Hacienda, José Montelongo; el ex concejal de Hacienda de San Bartolomé y ex gerente del Consejo Regulador, Javier Betancort; el abogado Federico Toledo (socio de Betancort en Gesineal); el ex alcalde de Arrecife (ya fallecido), Cándido Reguera; y el ex concejal del PP Lorenzo Lemaur.
Ahora, la investigación continúa con las otras cuatro piezas, que son a su vez las de mayor envergadura en cuanto a las sumas que se abonaron y que están bajo sospecha. Sobre ellas, la Fiscalía también señala en su escrito que hay "indicios fundados de criminalidad".
Además de las dos piezas vinculadas con Motensinos y Javier Betancort (una en San Bartolomé y otra en Arrecife), en la causa hay otras dos piezas relacionadas con pagos a las empresas Inelcon y Tunera. Algunos de los imputados, como Carlos Sáenz, lo están en todas las piezas, mientras que el resto tendrán que responder sólo por los presuntos delitos que se investigan en algunas de ellas.
