Quien imputa es un juez, pero la Guardia Civil y la Policía también pueden imputar. La figura es la de la imputación policial, que ha generado debates entre los expertos, pero que en definitiva tiene premisas muy similares a la imputación judicial. En los dos casos, se informa al implicado de los cargos de los que se le acusa y se le da derecho a tener un abogado. De ahí, en caso de que la imputación se realice por parte de la Guardia Civil, se da traslado a un juez, que es quien decide la imputación definitiva.
Las dudas sobre este tema han contribuido a la confusión en los últimos días. Por un lado, porque muchos de los implicados en la Operación "Unión" han negado estar imputados en la causa, afirmando que sólo fueron llamados por los agentes para responder a unas preguntas. Por otro, por las propias notas oficiales del TSJC y de la Fiscalía, en las que sólo se detallaba la imputación de algunos de los acusados, pudiendo parecer que sobre el resto no pesaban cargos.
La realidad es que hasta este jueves, imputaciones judiciales sólo constan las de 17 de las 20 personas que fueron detenidas inicialmente en esta operación, además de la de José Francisco Reyes. De las otras tres personas que fueron detenidas (Elena Martín, Vicente Bartolomé Fuentes y Honorio Nicolás García-Bravo), no se informó de su situación porque no llegaron a pasar a disposición judicial. Fue la Guardia Civil quien les dejó en libertad, aunque con cargos. En definitiva, la misma situación en la que se encuentra la decena de personas que ha desfilado esta semana por el cuartel de Costa Teguise, también con imputaciones.
Ahora, el juez y el fiscal les irán tomando declaración cuando terminen sus comparecencias ante los agentes, aunque no tienen por qué ser citados de forma inmediata. Eso dependerá de cómo evolucione la investigación, y también de la agenda del magistrado. Y es que la respuesta a muchos interrogantes que se han abierto en los últimos días está en la propia capacidad material que han ido teniendo en los Juzgados, durante una semana y media en la que los días se han quedado cortos, y en los que las declaraciones se prolongaban hasta la madrugada y, aún así, no daba tiempo a interrogar a todos los arrestados sin superar las 72 horas que puede durar la detención.
