La Fundación César Manrique (FCM) ha presentado 94 enmiendas parciales a la Ley del Suelo del Ejecutivo canario, que consideran "un proyecto indeseable para Canarias que tendrá efectos nocivos tanto para el paisaje como para la ordenación del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos de las islas". Desde la Fundación, a la par que han planteado las enmiendas, continúan "solicitando su retirada" para abordar "un proceso participado y una nueva redacción, sobre unas nuevas bases" de esta Ley.
Más de una decena de las enmiendas presentadas por la FCM están dedicadas a lo que en la Ley del Suelo se refiere al suelo rústico y a los asentamientos rurales: el mantenimiento y la conservación como deber del propietario; la delimitación y ordenación de los asentamientos rurales; de adición de usos prohibidos; modificación en cuanto a usos ordinarios, usos residenciales, usos complementarios, usos autorizables y límites de actividades autorizables en suelo rústico. Además hay tres enmiendas destinadas a los principios "de ordenación de usos del suelo que incluyen la voluntad de mitigar el calentamiento global".
Otra decena de enmiendas va encaminada a reforzar el planeamiento insular "frente al debilitamiento que propugna la Ley del Suelo". Así se defiende "la potestad de los planes insulares para la ordenación de los recursos naturales y para delimitar los sectores de suelo urbanizable". La FCM incluye asimismo enmiendas de adición con la finalidad de que el planeamiento insular tenga competencias "para reclasificar como suelo rústico un suelo previamente clasificado como urbanizable" o para atribuir "nuevas categorías a los suelos rústicos". Igualmente, según han señalado desde la Fundación, para que sean los planes insulares "los que definan el modelo territorial y las zonas reservadas a usos turísticos así como su delimitación".
Competencias municipales con menor rango que las autonómicas
Desde la Fundación defienden en sus enmiendas que las competencias municipales "tengan menor rango que las autonómicas", y se insta a que el organismo encargado de la redacción de la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación no recaiga sobre la Administración municipal redactora sino que se sitúe en un ámbito jerárquico superior de carácter autonómico.
Según la FCM una parte importante de sus enmiendas combate los "denominados proyectos singulares de interés regional e insular", o sea instrumentos excepcionales al margen del planeamiento, procurando limitar su alcance, con efectos perniciosos para el suelo rústico y la construcción dispersa. Se plantean enmiendas de modificación que "supriman determinadas actuaciones previstas en la Ley del Suelo, como las deportivas, sanitarias y turísticas". De igual modo se propone "la reducción de los proyectos singulares a la iniciativa pública suprimiendo la privada"; y se incluyen propuestas de modificación para que determinados proyectos lleven implícita la declaración de utilidad pública, interés social, necesidad de ocupación o carácter de urgencia.
Casi una veintena de las enmiendas planteadas por la FCM están relacionadas con los Espacios Naturales Protegidos de la Red canaria y los Espacios Naturales que forman parte de la Red Natura 2000 europea. La FCM defiende que la ordenación de los espacios naturales prevalezca en cualquier circunstancia sobre la planificación sectorial; presenta modificaciones para que fondos económicos insulares se destinen a actuaciones de regeneración y reforestación. También hay otras propuestas relacionadas con artículos de la Ley del Suelo que permiten establecer usos como residencial, siendo inadecuado e incompatible, a juicio de la FCM en Parques y Reservas Naturales.
Formular instrumentos de ordenación de Espacios Naturales
Entre las presentadas por FCM hay enmiendas de modificación y de supresión en las que se justifica que la competencia para "formular los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales", así como la modificación y aprobación de dichos instrumentos debe "recaer en el Gobierno de Canarias y no en los Cabildos". Del mismo modo, se propugna que la "ordenación urbanística municipal esté supeditada a la ordenación ambiental", y se agregan enmiendas de adición en las que se determina que "se deben incorporar a la Ley del Suelo las infracciones y las sanciones que se deriven de las indisciplinas urbanísticas cometidas en espacios naturales de la Red canaria y de la Red europea".
Finalmente, hay enmiendas de supresión y adición dirigidas a incluir en la Ley del Suelo la vigencia de las Directrices de Ordenación General. Otras enmiendas hacen referencia a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, al planeamiento del suelo urbano, o al cómputo de la dotación mínima de espacios libres por habitante. Además se incluyen sugerencias relacionadas con la accesibilidad a los servicios de la Administración para disminuir la movilidad y la emisión de gases.
Para la Fundación César Manrique sería necesaria una nueva redacción de la Ley encaminada a que ésta "no le dé la espalda a la cultura territorial de las islas, atienda al cambio climático, a la racionalidad territorial y a la capacidad de carga, y anteponga la identidad del paisaje, los recursos naturales y la sostenibilidad de las Islas a los intereses abusivos y especulativos del dinero".
