La Fiscalía se opuso a la imputación del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera, en el caso "Montecarlo". Así lo señala el propio auto de la juez en el que acuerda su imputación, y así lo ha confirmado también a La Voz el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco. Además, García Panasco también ha adelantado que el Ministerio Fiscal presentará un recurso contra ese auto, ya que no ve "ningún tipo de indicio de delito" en la actuación del tesorero.
"En este caso concreto, nosotros tenemos claro que no concurre ningún indicio que justifique su imputación, y no se puede decir lo mismo de otras personas", ha declarado a La Voz el fiscal jefe de la provincia, que ha subrayado que hasta la mañana de este miércoles, ni siquiera se les había "notificado oficialmente" este auto. "Nuestra intención es recurrirlo", ha señalado.
"Debemos velar por sus derechos fundamentales"
"Nosotros estamos para velar por los derechos y por las garantías del procedimiento, y por los derechos de fundamentales de todos. También de las personas que, a nuestro juicio, son objeto de imputación sin motivo justificado", ha explicado.
La Operación Montecarlo comenzó a raíz de una denuncia elevada al Juzgado por la propia Fiscalía, tras una investigación que se inició gracias a una denuncia anónima de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife. Y dentro de la causa, el tesorero jugaba un papel importante como testigo. De hecho, Antonio Cabrera elaboró un informe interno, antes incluso de que se iniciara la investigación, advirtiendo de presuntas irregularidades en el pago de facturas.
Diferencias con San Bartolomé
A diferencia con lo que sucede con el tesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé, que sí fue imputado a solicitud de la Fiscalía en el caso Montecarlo, el Ministerio Fiscal entiende que en la actuación de Antonio Cabrera no hay indicios de delito.
En el caso de San Bartolomé, lo que se investigan son los pagos al empresario José Montesinos como responsable de la recaudación de tributos del municipio. Es decir, por un área directamente ligada a Tesorería.
Sin embargo, en Arrecife, las facturas bajo sospecha corresponden a otros departamentos. Por eso, la Fiscalía entiende que el papel del tesorero en este caso no era el de fiscalizar esos pagos, ya que la autorización de las facturas estaba en manos de los técnicos del área correspondiente, del político que las firmaba o en su caso del alcalde y, en última instancia, del interventor, ya que eran ellos quienes daban el visto bueno para que se abonaran.
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