La Fiscalía de Arrecife ha presentado un recurso de reforma ante la decisión del Juzgado número 3 de Arrecife de archivar la causa por el derribo de un edificio histórico en el número 33 de la Calle Real de Arrecife en el año 2006. En esa causa estaban imputados por prevaricación y un delito contra el patrimonio histórico dos técnicos municipales, los propietarios del edificio, así como la ex alcaldesa María Isabel Déniz y varios miembros de su Junta de Gobierno. Será el propio Juzgado quien tenga que resolver el recurso.
El juez Jerónimo Alonso archivó el mes pasado la causa contra todos los implicados, cuatro años después de que se abriera y poco después de tomar declaración tanto a Déniz como al resto de concejales que decidieron otorgar la licencia de derribo. Entre los motivos del archivo se encuentra la anulación por parte de los tribunales del catálogo municipal de edificios históricos, que recogía este inmueble, así como la cobertura legal por la que estaba protegido el edificio. El Ayuntamiento de Arrecife recurrió la decisión de anular el catálogo y el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado.
La Fiscalía considera, sin embargo, que la licencia se concedió durante un periodo en el que se había decretado la suspensión de otorgamiento de licencias, así como que el edificio sí tiene valor histórico y que hay pruebas que aún no se han practicado dentro del procedimiento.
Una casa decimonónica y con ilustres moradores
El inmueble pertenecía al conjunto de "casas altas" decimonónicas de Arrecife y sus antiguos propietarios fueron la familia Aldana, que la construyó a principios del Siglo XIX. Tenía 22 dependencias, aljibe, pozo de agua salada y dos patios. En ella vivió y pasó consulta el doctor José Molina Orosa, que hoy da nombre al Hospital General de Lanzarote. También vivió en esa casa Guillermo Topham Walsh.
El Cabildo de Lanzarote elaboró un informe sobre la vivienda, tras su derribo, que calificaba como "nulo de pleno derecho, administrativamente susceptible de ser sancionable y penalmente perseguible". También decía que "tal destrucción fue un hecho ilegal y las administraciones públicas, incluida la Fiscalía, han de actuar en consecuencia. Así se están obviando los valores históricos artísticos que este bien tenía y de procederse a su denuncia deberá obligarse a restituir lo derribado por su alto valor histórico y artístico".
S.G. / ACN Press
