El juicio de la pieza número 13 del caso Unión, por el pago de 250.000 euros a la empresa Proselan por trabajos presuntamente no realizados, ha quedado este viernes visto para sentencia. Durante la última jornada del juicio, que se ha celebrado por videoconferencia, la Fiscalía ha mantenido la acusación y la petición de penas para tres de los acusados (el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández Arráez) y ha rebajado la solicitud para el cuarto, el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez.
Inicialmente, la Fiscalía pedía para él 6 años de prisión, pero este viernes ha modificado su petición, dejándola en 1 año y 4 meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta, aplicándole los atenuantes de reparación de daño y de colaboración con la justicia, por haber devuelto parte del dinero malversado y por haber confesado los hechos.
El fiscal Ignacio Stampa ha recordado que antes de iniciarse el juicio, José Miguel Rodríguez reconoció haber contribuido a malversar ese dinero y devolvió ya 2.400 euros, como un primer pago. "La cantidad puede considerarse irrisoria, pero está justificada", ha destacado el Ministerio Fiscal, recordando las circunstancias económicas del acusado, que él mismo expuso durante la primera jornada del juicio. "Pagar 2.400 euros para José Miguel Rodríguez puede ser mucho más que 600.000 euros para Carlos Sáenz", subrayó Stampa, refiriéndose a otro de los acusados que se sientan en el banquillo.
Además, la Fiscalía sostiene que Rodríguez era "la persona fundamental" en la presunta trama para malversar ese dinero público, ya que fue el único cargo público que intervino, por lo que considera que su confesión cobra aún más importancia. Respecto a la rebaja de la pena, el fiscal explicó que es "lo que contempla la ley" cuando se dan estas circunstancias y contrapuso la actitud del ex concejal frente a la "ausencia de arrepentimiento del resto de acusados", pese a lo "grotesco" de su actitud y a las pruebas aportadas durante el juicio.
"Todo el mundo tiene derecho a arrepentirse"
El abogado de José Miguel Rodríguez, que ya se había adherido en la primera jornada al relato de los hechos que planteaba la Fiscalía, ha mostrado también este viernes su conformidad con las penas solicitadas ahora por el fiscal. "Todo el mundo tiene derecho a arrepentirse", ha subrayado el letrado.
Por su parte, las defensas de los otros tres acusados, que han pedido la libre absolución, han centrado parte de su alegato de conclusiones finales en intentar desacreditar la confesión del ex concejal. El abogado de Rafael Arrocha ha recordado que un acusado tiene "derecho a mentir" y ha planteado que "igual" José Miguel Rodríguez "mintió al reconocer un hecho que nunca existió". Es decir, sostiene que el ex edil pudo admitir haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos sin haberlos cometido. En este mismo argumento han coincidido las tres defensas, planteando que Rodríguez podría haber reconocido algo que no hizo para conseguir una rebaja en la pena.
Por su parte, la abogada de Carlos Sáenz ha llegado a acusar a Rodríguez de utilizar la "teoría del ventilador". La letrada respondía así a la declaración del ex concejal durante la primera jornada del juicio, cuando llegó a hablar de un "modus operandi" habitual en el Ayuntamiento para abonar facturas fraudulentas, en el que "el que tenía que estar siempre era Carlos Sáenz". Incluso, Rodríguez llegó a decir que como concejal autorizó el pago de esas facturas porque el interventor antes "había consentido" en el pago de otras "de la misma manera", para que él o su partido, el PIL, "se lucraran".
"Él si está condenado y mi cliente no", ha señalado este viernes la abogada de Carlos Sáenz, respondiendo a José Miguel Rodríguez. "Las declaraciones que realizó contra mi cliente son calumniosas", ha defendido la letrada, mientras que la defensa de Arrocha ha llegado a pedir que el testimonio de José Miguel Rodríguez, que se autoinculpó y declaró también contra el resto de acusados, no se tenga en cuenta como prueba por el tribunal al dictar sentencia.
"Fraudulento", "grosero" y "cutre"
Por su parte, la Fiscalía ha sostenido en sus conclusiones que los acusados no han aportado durante el juicio "ni una prueba" de que realmente se realizaran los trabajos por los que el Ayuntamiento pagó 250.000 euros al empresario José Daniel Hernández, por supuestos trabajos de electricidad en distintas fiestas de la capital. Además, ha calificado como "fraudulento", "grosero" y hasta "cutre" el modo en el que se abonaron esas facturas, que ni siquiera se presentaron en el Registro General del Ayuntamiento, sino que llegaron directamente a Intervención.
Tanto para el interventor como para Rafael Arrocha, la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 9 de inhabilitación, mientras que para el empresario reclama 5 años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad de documento mercantil, otro de prevaricación (en concepto de inductor) y dos más malversación de caudales públicos y fraude (como cooperador necesario). El fiscal también pide que los cuatro acusados, incluido José Miguel Rodríguez, y también la empresa Proselan como responsable civil subsidiaria, sean condenados a devolver "conjunta y solidariamente" la cantidad presuntamente malversada, que asciende en total a 251.293 euros.
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