El promotor Miguel Morales se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 24 de octubre, acusado de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad, por la construcción de tres naves, una planta de hormigón y una machacadora de áridos en Arrecife. En su escrito de acusación, la Fiscalía pide un total de tres años y siete meses de cárcel (dos años y nueve meses por el delito contra el territorio y 10 meses por el de desobediencia).
Además, el fiscal también pide la demolición de las obras, y que se le imponga a Morales una multa de 20 meses, a razón de 100 euros diarios (lo que supondría el pago de unos 60.000 euros), así como
la "inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión de construcción relacionada con el delito cometido durante dos años y nueve meses".
Los hechos se remontan a mediados del año 2002, cuando la empresa Hormigones y Construcciones de Arrecife (Hormiconsa) inició la construcción sin tener licencia de obras. Además, el fiscal subraya que "en ningún caso hubiera podido obtenerla", ya que se trataba de suelo de protección de valor natural ecológico, al estar en una zona de paso de jable.
Tres años después de su inicio, en 2005, las obras fueron precintadas por el Ayuntamiento de Arrecife. Sin embargo, el escrito de acusación del fiscal sostiene que "a pesar de ser apercibido" de que en caso de continuar las obras, incurriría en un delito de desobediencia, el promotor siguió adelante con los trabajos, "con pleno conocimiento y menoscabando con ello gravemente el ejercicio de la autoridad".
Archivada la causa contra los responsables del Ayuntamiento
En el año 2006, el entonces concejal de Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto, acudió a los tribunales para denunciar que las obras seguían adelante contraviniendo la ley, e incluía en su denuncia a los responsables del Ayuntamiento de Arrecife, del que entonces era alcaldesa María Isabel Déniz, y concejal de Urbanismo Nuria Cabrera.
Desde el Consistorio se había impuesto incluso una sanción a la empresa, pero Alternativa Ciudadana denunciaba que el Ayuntamiento no había pedido la demolición de las obras realizadas hasta ese momento, y además estaba consintiendo que siguieran adelante.
Sin embargo, durante la instrucción de la causa, que se llevó a cabo por parte del Juzgado de Instrucción Número 6 de Arrecife, se archivaron las actuaciones contra los responsables municipales, al entender que sí habían realizado al menos alguna gestión para frenar las obras, llegando a precintar los trabajos y a sancionar a la empresa. Por eso, según el escrito de acusación, quien incurrió en un delito de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio fue el promotor, Miguel Morales, que a finales de octubre se enfrentará a esta vista en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife.
