El recurso de la Fiscalía por el que la Audiencia hizo que el Juzgado número 3 de Arrecife reabriera el caso del derribo del edificio histórico del número 33 de la calle León y Castillo de Arrecife, considera que para llegar al fondo del asunto, hay que investigar también el intento de derribo del número 37, también protegido y del mismo propietario, porque formaba parte de una misma operación urbanística, diseñada en el Plan General de Ordenación.
El fiscal destaca que el propietario es el mismo, la Inmobiliaria Chimida, y dice que "si la Sala compara el procedimiento seguido y los intervinientes de los dos casos, junto con la existencia del proyecto urbanístico en estudio para una notable extensión de terreno en la principal arteria comercial de la ciudad, llegará a la conclusión de que las diligencias que se interesan por la Fiscalía son necesarias y pertinentes para llegar hasta el fondo de la cuestión investigada".
La Audiencia consideró que en las actuaciones obran "elementos incriminatorios en cuanto a la actuación de los imputados" y que "existen argumentos para considerar que el bien (el edificio) está singularmente protegido". En la causa están imputados la ex alcaldesa María Isabel Déniz y cuatro miembros de su Junta de Gobierno del año 2006 (Manuel Pérez Gopar, Luis Morales, Juan Antonio Santana y Nuria Cabrera), así como los propietarios del inmueble, la Inmobiliaria Chimida, dos trabajadoras de la Oficina técnica municipal, Sheila Betancort y Penélope Tabares; y el ex jefe de esta oficina, Rafael Arrocha. Se les imputan los delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico.
Además, la Fiscalía solicita la imputación del que era jefe de la Policía Local hasta hace dos años, José Antonio Lasso, por un posible delito de falsedad en documento oficial. Considera al Fiscalía que "como Jefe de la Policía Local emite un informe de contenido mendaz el 3 de febrero de 2009, al afirmar que no consta intervención alguna de la Policía Local "ni ningún otro dato" con ocasión de la demolición del edificio, en términos semejantes a la mendacidad en el informe de Rafael Arrocha".
Denuncia del Seprona
Los hechos se remontan a enero de 2006, cuando el Ayuntamiento concedió permiso de demolición de esa casa a la Inmobiliaria Chimida, que derribó el inmueble. Se abrieron diligencias en 2008 por una denuncia del Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), ya que se derribó sin informe de la Comisión insular de Patrimonio y cuando estaba en vigor un acuerdo de suspensión de licencias de derribo, porque se estaba tramitando un nuevo planeamiento.
La "actuación urbanística calle Hierro" incluida en el Pan General que no llegó a aprobarse de forma definitiva, consistía en crear una conexión peatonal entra la calle Real y la calle Colegio, y para llevarse a cabo debía derribarse el número 33 pero afectaba también a los números 35 y 37, de los mismos propietarios.
La Fiscalía pide que se practiquen varias diligencias: pide que se incorporen algunas conversaciones grabadas en la operación Unión que tienen relación con este asunto, así como que se tenga en cuenta la relación societaria entre el jefe de la oficina técnica, Rafael Arrocha, y el propietario del inmueble, Fernando González, además de que se aclaren las gestiones del Ayuntamiento para evacuar a los inquilinos del número 37 alegando un peligro de derrumbe. Se solicita la declaración de una empleada de la joyería como testigo.
ACN Press
