La Fiscalía pide para el ex alcalde socialista de Arrecife, José Montelongo, 10 años de cárcel dentro de las dos piezas del caso Montecarlo en las que está acusado, por el periodo en que estuvo al frente de la Concejalía de Hacienda. Para el interventor del Ayuntamiento capitalino, Carlos Sáenz, implicado en las 3 piezas, solicita 27 años y 6 meses de prisión. Así lo recogen los escritos de acusación del fiscal Ignacio Stampa sobre las tres piezas del caso Montecarlo que el juez Ricardo Fiestras cerró a finales del mes de abril, relativas a los pagos a Tunera, Inelcon, Gestecal, Progestril y Recingest. En total, están acusadas más de una veintena de personas.
Entre esos acusados recogidos en los escritos del fiscal hay políticos y ex políticos, funcionarios y trabajadores municipales y proveedores. Entre los cargos y ex cargos políticos se encuentran varios ex concejales de Festejos y de Hacienda del Consistorio capitalino. Uno de ellos es Eduardo Lasso, ex concejal de Festejos de Arrecife (PIL) acusado tanto en la pieza de Tunera como en la de Inelcon y para el que el fiscal Ignacio Stampa pide en total 9 años y 9 meses de cárcel, además de 18 años de inhabilitación.
Otro de los ex ediles, en este caso de Hacienda, es José Miguel Rodríguez, que se encuentra acusado en la pieza Montecarlo, la que dio nombre al caso, y que trata los pagos a Gestecal, Progestril y Recingest. Para Rodríguez, que ya fue condenado por malversación de caudales públicos y prevaricación en una pieza del caso Unión, el fiscal pide 1 año de prisión y 3 años de inhabilitación absoluta. Otra de las ex ediles de Hacienda acusadas, en su caso en las piezas de Tunera e Inelcon, es Isabel Martinón (PNL), que se enfrenta a una petición de 8 años y 3 meses de prisión y un total de 18 años de inhabilitación. Para el ex concejal de Festejos Victor Sanginés (PSOE), igualmente acusado en Tunera e Inelcon, pide un total de 8 años de prisión y 17 años y medio de inhabilitación.
También se encuentra acusado en la pieza de Tunera un ex concejal de Cultura, Lorenzo Lemaur (PP), con una petición de 4 años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación. Alberto Morales (PSOE), que fue concejal de Obras, se enfrenta por su parte a 5 años de prisión y 8 años y 6 meses de inhabilitación. Para otro de esos ex políticos, el fiscal pide el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones. Se trata de Víctor Betancort, ex edil socialista, que fue uno de los últimos en sumarse a la lista de imputados en la pieza de Inelcon y en ser citado a declarar antes del cierre de la instrucción. El fiscal cree que "no existen elementos suficientes para sostener la concurrencia del elemento subjetivo del injusto en los hechos que se le imputan".
Petición de 15 años y medio de cárcel para José Vicente Montesinos
Una de las peticiones de prisión más elevadas es para el empresario José Vicente Montesinos, relacionado con las empresas Gestecal, Progestril y Recingest y que está acusado en la pieza relativa a los pagos a esas sociedades. El fiscal pide para él 15 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación absoluta. En esa misma pieza, el también empresario Javier Betancort se enfrenta a una petición de 5 años y 10 meses de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, mientras que para el abogado Federico Toledo es de 4 años y 10 meses y 10 años de inhabilitación absoluta.
También está acusado el dueño de Tunera Producciones, Eduardo Ferrer, para el que el fiscal solicita 6 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta. De otro lado, el propietario de Inelcon Carlos Lemes se enfrenta a una petición de 6 años de prisión y 10 de inhabilitación.
El fiscal formula también acusación contra diversos trabajadores y funcionarios municipales. En las piezas de Tunera e Inelcon están acusados el coordinador de Festejos José Nieves, para el que pide un total de 9 años y 9 meses de prisión y 18 años de inhabilitación, y el animador sociocultural Miguel Ángel Leal, al que solicita 9 años y 6 meses de cárcel y un total de 17 años y medio de inhabilitación. El funcionario Blas Cedrés se enfrenta por su lado a una petición de 3 años y 4 meses de cárcel y a 6 años de inhabilitación absoluta en la pieza de Tunera y el también funcionario Francisco Hernández Betancort a 3 años de prisión y 9 de inhabilitación para cargo público.
Por último, en la pieza de Inelcon se encuentra acusado el funcionario José Antonio Cabrera y el subalterno Isidro Hernández, con una solicitud para cada uno de 4 años y 9 meses de cárcel e inhabilitación de 8 años. Por último, el fiscal pide para la técnico Penélope Tabares 5 años de prisión y 8 y medio de inhabilitación absoluta.
Responsabilidad civil y multas
Además de pedir penas de prisión e inhabilitación, en sus escritos de acusación el fiscal solicita también que los investigados abonen distintas cantidades en concepto de responsabilidad civil, es decir, que en caso de que sean condenados indemnicen al Ayuntamiento de Arrecife por el dinero presuntamente malversado. Reclama que las paguen solidariamente entre sí, de modo que pide un importe límite máximo para cada uno. Las cantidades más altas son las que pide para el interventor de Arrecife, que si resultara condenado por las tres piezas debería pagar casi 1,3 millones de euros en total. La cuantía que pide para José Montelongo es de más de 386.000 euros, mientras que para José Vicente Montesinos solicita 310.544 euros.
Además, Ignacio Stampa también pide multas para Carlos Sáenz y José Vicente Montesinos en la pieza Montecarlo, relativa a los pagos a las tres empresas de Montesinos. Concretamente, solicita multas por valor de 770.000 euros para cada uno.
El fiscal califica los hechos que se investigan en estas tres piezas del caso Montecarlo como presuntos delitos de malversación y/o fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental. Además, a estos se suman en la pieza de los pagos a las empresas de Montesinos, los de cohecho, blanqueo de capitales y delito conra la administración de justicia de deslealtad profesional dolosa.
Según se recoge en los escritos, el Ayuntamiento habría abonado millones de euros a todas esas empresas sin seguir los procedimientos establecidos de contratación y, en muchos casos, con facturas "infladas" o incluso por servicios que ni siquiera se habían prestado.
