Se autorizaron en suelo "no urbanizable" y se ocultaron al Cabildo

La Fiscalía investiga las licencias que Reyes concedió a Pedro de Armas para construir diez chalets en el Plan Parcial Playa Blanca

El Juzgado Número 5 de Arrecife, que instruye el caso "Unión", también tiene abierto un procedimiento por las licencias que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en su día a su ...

12 de julio de 2012 (20:55 CET)
La Fiscalía investiga las licencias que Reyes concedió a Pedro de Armas para construir diez chalets en el Plan Parcial Playa Blanca
La Fiscalía investiga las licencias que Reyes concedió a Pedro de Armas para construir diez chalets en el Plan Parcial Playa Blanca

El Juzgado Número 5 de Arrecife, que instruye el caso "Unión", también tiene abierto un procedimiento por las licencias que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en su día a su compañero de partido y actual concejal del PNL en Arrecife, Pedro de Armas, para construir diez chalets en Playa Blanca.

En el último auto sobre el caso "Unión", la juez Lucía Barrancos hace referencia a estas diligencias judiciales, señalando que se investiga "un delito contra la ordenación del territorio, respecto a un proyecto de ejecución de diez viviendas en suelo no urbanizable". Actualmente, la investigación está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Pedro de Armas, que actualmente es concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, ha ocupado distintos cargos de relevancia en las dos últimas décadas, algunos de ellos directamente relacionados con el Urbanismo. De hecho, ha sido concejal de este área en el Ayuntamiento de Arrecife. Además, en el año 2001 fue nombrado consejero delegado de Gesplan, la empresa pública del Gobierno de Canarias dedicada a la Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de las islas.

Licencias "ocultas"

En el año 2005, Pedro de Armas, a través de la empresa Marivista, [recibió licencias del Ayuntamiento de Yaiza para construir diez viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca->11967]. Sin embargo, el Cabildo había advertido que ese plan estaba extinguido y, por tanto, no se podía autorizar su construcción, tal como ratificaron después los tribunales de Justicia.

Además, el Ayuntamiento de Yaiza ocultó esas licencias al Cabildo, impidiendo así que pudiera recurrirlas. Ésta fue durante años una práctica habitual del gobierno de José Francisco Reyes, hasta que la Justicia le obligó a dar cuenta a la primera Institución insular de las licencias que otorgaba. Pese a ello, [el Consistorio se siguió resistiendo a entregar las concedidas a Pedro de Armas->12172].

Finalmente, en el año 2008, y cuando las obras ya estaban muy avanzadas, [el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas dictó un auto suspendiendo esas licencias->19292]. Además, el Juzgado ordenaba la inscripción del recurso en el Registro de la Propiedad, para advertir a los posibles compradores del pleito que estaba abierto y evitar que adquirieran esas viviendas desconociendo su situación legal.

Cambio de manos y presupuesto "a la baja"

José Francisco Reyes firmó la licencia autorizando la construcción de esas viviendas el 14 de noviembre de 2005 y, sólo ocho días después, autorizó el comienzo de los movimientos de tierra en la zona.

Poco después de la obtención de los permisos municipales, la empresa familiar de Pedro De Armas, Marivista S.L., vendió el solar, ya con las licencias otorgadas por el ex-alcalde de Yaiza, a la empresa "Villas Blancas Lanzarote S.L."

Al solicitar la licencia, Pedro de Armas presupuestó en 588.731 euros las diez viviendas. Es decir, unos 58.000 euros por chalet. En función de ese presupuesto, el Ayuntamiento de Yaiza cobró poco más de 31.000 euros en concepto de tasas.

Sin embargo, según señalaron entonces a La Voz desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lanzarote, tanto el presupuesto de las viviendas como, por tanto, el de las tasas, debería haber sido mucho mayor. De hecho, aseguraban que por la construcción del diez chalets de esas características se tendría que haber pagado al Ayuntamiento casi el doble, unos 60.000 euros.

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