El fiscal coordinador en materia de siniestralidad laboral del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Ernesto Vieira, dijo a La Voz digital que preferiría más sentencias condenatorias contra quienes ponen en riesgo la seguridad en el trabajo.
Vieira versó este jueves en Lanzarote sobre la responsabilidad penal de los agentes en el sector de la construcción, invitado por el Colegio de Abogados de la Isla a las jornadas "El proceso constructivo y la responsabilidad de los agentes que intervienen en la construcción".
Vieira alertó sobre el bajo número de condenas, pero también destacó que son pocos los procedimientos que llegan a los tribunales de Justicia. Sobre este último aspecto cree que deben incoarse más expedientes porque la mayoría de las condenas "se degradan, por así decirlo, en faltas".
"Es una categoría penal inferior que no supone, por tanto, tanta pena ni tantas consecuencias para el delincuente", explicó el jurista. Esa es la principal lucha de la Fiscalía en este momento porque además significaría mayor credibilidad en la Justicia.
¿Quién tiene la culpa?
Los tribunales de Justicia son los encargados de aplicar las penas, pero la responsabilidad de que los castigos no se queden en meras faltas depende de todos los agentes.
Así, los empresarios, el trabajador, los sindicatos, los inspectores de trabajo, los mismos operadores jurídicos y todas las personas que de alguna manera tienen que ver con el proceso laboral deben velar por el cumplimiento de la ley y ser conscientes de que se está jugando con la vida de muchas personas.
UGT pide una fiscalía especializada
UGT comparte la visión de que el número de accidentes laborales, algunos mortales, no se corresponde con las condenas por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Orlando Suárez, secretario insular de UGT, subrayó que precisamente por este motivo el sindicato viene reclamando a nivel estatal la creación de una fiscalía específica para abordar los procesos en materia de riesgos laborales.
"Las fiscalías actuales y las inspecciones de trabajo no han surtido el efecto que se pretendía. Hay que avanzar mucho en la coordinación de ambas instituciones porque en España estamos a la cabeza en la Unión Europea respecto a la siniestralidad", señaló Suárez.
UGT vincula el alto número de accidentes al modelo de contratación imperante, la excesiva rotación de personal y en general a todos los factores que en su conjunto conforman lo que se conoce como precariedad laboral.
Condenas
Ernesto Vieira expuso que una persona puede ser condenada a tres años de prisión si ha incurrido en un delito grave.
Aunque admitió que juega mucho la subjetividad, el fiscal indicó que se considera delito grave una acción u omisión que le cuesta la vida a un trabajador en el desempeño de su actividad laboral.
Por desgracia el tema de los accidentes laborales es de rabiosa actualidad. La solución total al problema tampoco puede buscarse exclusivamente en la aplicación de leyes penales a los infractores, por tanto empresarios y trabajadores tienen mucho que decir. "Creo que en España no hemos atendido con el suficiente rigor este problema", anotó el fiscal del TSJC.
