"La sentencia pone manifiestamente en claro que la institución dio los pasos correctos, efectuó los trámites oportunos y presentó el anteproyecto requerido para solicitar la autorización que permitiera construir un taller destinado a realizar prácticas artísticas". Ésa es la primera valoración de la Fundación César Manrique tras conocerse la setencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anula la resolución de la Dirección de Urbanismo del Gobierno de Canarias que autorizó las obras en la Casa de las Cúpulas. Además, desde la FCM responsabilizan a la Administración de incurrir "en incongruencia a la vista de la solicitud o instancia y la documentación acompañada", finalizando el procedimiento con autorización de "adecuación de vivienda como taller y espacio expositivo".
En todo caso, la Fundación insiste en que "las obras realizadas, destinadas a cumplir un fin estrictamente cultural y de interés público, se han desarrollado en todo momento bajo la cobertura de las oportunas autorización y licencia, emitidas en su momento por las administraciones competentes", y subraya que "la sentencia reconoce, y reitera con insistencia, que la autorización de la Dirección General de Urbanismo se concedió en base al anteproyecto que definía la obra de nueva planta y que coincide, en lo esencial, con la obra ejecutada
y ya terminada".
De este modo, los responsables de la Fundación César Manrique consideran que "del fallo del tribunal no se deriva ninguna irregularidad cometida por la FCM, sino que los argumentos esgrimidos por la sala que han conducido a anular la autorización hacen recaer toda la responsabilidad en la actuación incorrecta de la Administración concernida". Por ello, consideran que "la Fundación se convierte injustamente en víctima del funcionamiento deficiente de esa administración, que ha creado una situación evidente de inseguridad jurídica".
Respecto a las acciones que emprenderán en el futuro, la FCM deja claro que "aun cuando no comparte la sentencia, la acata y
anuncia que declinará recurrirla en las instancias oportunas", ya que entiende que "una vez que se ha pronunciado la sala y leído el tenor de su pronunciamiento, es a la Administración regional a la que corresponde defender sus actuaciones y emprender las acciones a que hubiere lugar para restituir la legalidad urbanística, pues la Administración, como reconoce el tribunal, es la única responsable de esos actos que han devenido en la susodicha anulación".
En este sentido, anuncian que "siguiendo en su línea de reclamar el cumplimiento de la legalidad ambiental y urbanística, instará a la ejecución provisional de la sentencia". Además, y aunque el pronunciamiento insta a la "retracción del procedimiento al momento de la solicitud inicial de autorización", esto es, a recomenzar los trámites
para obtener nuevamente la autorización pertinente, "la FCM no tomará ninguna iniciativa en ese sentido, al considerar que la responsabilidad de subsanar las deficiencias encontradas por el Tribunal, y que han conllevado la nulidad de la autorización, corresponde exclusivamente a la Administración autonómica".
Lo que sí está dispuesta a hacer la Fundación es exigir que se le restituya "el perjuicio que se le ha causado" y adelanta que "en el momento preciso, ejercerá su derecho a plantear, por el cauce adecuado, la oportuna reclamación por daños y perjuicios a las administraciones concernidas, tanto por los posibles daños causados a la imagen pública de la Fundación como a los económicos derivados de una eventual inviabilidad de la permanencia del taller".
